Importado de Estados Unidos, también se incorpora a la norma la figura de "bancos de conservación de la naturaleza", que servirán para vincular proyectos medioambientales ya ejecutados o en vías de ejecución con actividades que por su impacto ambiental necesiten compensación.
Ramos ha explicado que este modelo contemplará un registro público, coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para relacionar a quien tiene que compensar un impacto en el medioambiente, con quien voluntariamente ha realizado actividades de mejora del entorno.
"Esto permitirá facilitar tanto el cumplimiento de la compensación impuesta, como solucionar la financiación de proyectos medioambientales", ha detallado el Secretario, para quien esta nueva herramienta "movilizará y coordinará recursos".
Acortar plazos y agilizar los trámites es para Ramos el principal objetivo de la ley, y ha comentado que se quiere reducir el período de respuesta de la administración a los procedimientos de evaluación ambiental a menos de un año.
Federico Ramos calculó que en mes y medio el ministerio tendrá preparado el anteproyecto definitivo de esta ley para poder remitirlo al Consejo de Ministros.