El presidente extremeño reclamó "cautela" para hacer modificaciones legales de este tipo en el actual contexto de crisis económica, ya que a su juicio dichos cambios "pueden tener efectos contrarios a los que se pretenden".
En concreto, advirtió del riesgo de que la nueva directiva "afecte negativamente al empleo de Extremadura" y a la fiscalidad de España, al dañar un sector agrícola "para el que aún no se ha podido encontrar una alternativa productiva viable".
También señaló la posibilidad de que la directiva "lesione al sector agrario y al empleo en la UE" mientras se mantienen las importaciones de tabaco de terceros países, los que a su juicio se verían beneficiados.
Además de solicitar el apoyo a eurodiputados de la comisión parlamentaria de Sanidad y Medio Ambiente para lograr una revisión de la directiva más favorable a los productores, Monago incluirá algunos de estos argumentos en un dictamen sobre el tema que prevé presentar en el Comité de las Regiones el próximo mes de julio.
Preguntado sobre los efectos concretos que la directiva tendría sobre Extremadura, señaló que "no hay una base científica o modelo acreditado que demuestre el impacto de estas decisiones", y añadió que "en cualquier sería un impacto negativo".
Asimismo, el presidente extremeño destacó que el sector tabaquero "se ha modernizado mucho en los últimos años" gracias a "inversiones importantes" y a fondos europeos, un proceso que a su juicio "no se pueden frenar de la noche a la mañana".
Entre otras novedades, la nueva directiva propuesta por Bruselas amplía el tamaño de las advertencias sanitarias en las cajetillas y prohíbe el uso de aromas como el mentol y otros aditivos que mejoran el sabor de los cigarrillos, medidas que podrían mermar las ventas, según el sector tabaquero europeo.
Extremadura sería la Comunidad Autónoma española más afectada por una eventual bajada de la producción tabaquera, ya que esta región acapara el 92,5 % del cultivo total en España.
S u impacto se concentraría en la provincia de Cáceres, donde unas 20.000 familias que dependen de forma directa o indirecta de estos cultivos.
Según datos de la Mesa del Tabaco, que agrupa a los principales productores españoles del sector, la directiva del tabaco pone en peligro 56.000 empleos en este país, así como la aportación anual de 9.800 millones de euros que el sector hace a las arcas públicas en forma de impuestos.