El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha vuelto a lavar las manos con respecto al IBI agrícola y rural, al afirmar en el Congreso de los Diputados que cualquier revisión del valor catastral de las fincas rústicas -que determina el IBI- se estudiará dentro la reforma general de la ley de financiación autonómica y local, lo que cierra la puerta a una rebaja a corto plazo. Otra cuestión es la exención del IBI aprobada para 2017 y 2018 en las medidas de la sequía.
El ministro ha respondido así, durante el Pleno, al diputado de ERC Xavier Eritja, quien ha preguntado por la regulación del valor de las edificaciones rústicas, agrícolas y ganaderas, y ha pedido una modificación, porque los impuestos son «excesivos» para el propietario rural.
Montoro ha contestado que ya existen «mecanismos correctores» para que las valoraciones de los inmuebles sean correctas, si bien ha mencionado que el Gobierno, las autonomías y los municipios trabajan para modificar el modelo de financiación autonómica y local.
Esta misma cuestión se presentó hace un año y también ligó la revisión de sus valores a la reforma de la financiación de las autonomías
«Lo razonable es acompasar los cambios financieros (como el que afectaría al catastro) al contenido de la reforma», ha dicho Montoro, quien ha remarcado que ERC no ha mostrado «ningún interés» en los debates sobre dicho modelo financiero.
«Sus señorías están en otra cosa, aprovecho para reclamar que se incorporen a los trabajos que importan a los ciudadanos», entre los que ha citado la idea de promover las reformas de impuestos para que sean «justos y equitativos».
Asimismo, ha instado al grupo parlamentario a que trabaje por la modernización de la financiación local, porque hasta ahora «no lo han hecho, ni usted ni la Generalitat» de Cataluña.
El ministro de Hacienda contestó hace exactamente un año a una pregunta de ERC sobre el catastro de fincas rústicas y también entonces ligó la revisión de sus valores a la reforma de la financiación de las autonomías.
Según ERC, el Gobierno creó el «problema» con una regularización acometida entre 2013 y 2016, en la que se igualaron baremos para valorar fincas rústicas y urbanas, lo que ha supuesto un «agravio» para el propietario rural al pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Eritja ha añadido que el Gobierno «no ha hecho nada» y que su grupo introdujo una enmienda sobre ese asunto a los Presupuestos Generales del Estado, pero PP y Ciudadanos impidieron su aprobación, lo que demuestra «pasividad y desprecio».