Ganadería / Avicultura y Cunicultura

COAG estima que el 40% de las granjas de ponedoras cerrarán por la norma de bienestar

Ha demandando una reunión "monográfica" con el ministro de Agricultura

31/01/2012

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado hoy de que el número de explotaciones de gallinas ponedoras en España podría reducirse un 40 %, desde las 1.000 actuales, hasta unas 600, por las dificultades para adaptarse a la nueva normativa europea de bienestar animal. Por ello, la organización agraria ha demandando, en un comunicado, una reunión "monográfica" con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para analizar el impacto que tendrán en el sector ganadero las nuevas regulaciones en materia de bienestar animal.

En este encuentro, COAG quiere solicitar la puesta en marcha de un línea oficial de créditos blandos para evitar el cierre de "miles" de granjas avícolas y de porcino.

Según ha detallado el responsable de producciones ganaderas de COAG, José Luis Iranzo, para una explotación avícola media española, con unas 40.000 gallinas, la inversión ronda los 720.000 euros, por lo que el impacto de la adaptación es "claro y contundente".

"Son muchas las explotaciones que no podrán hacer frente a estas fuertes inversiones económicas, ante la falta de liquidez y crédito y, por tanto, tendrán que cerrar, desmantelando el tejido económico y social asociado a ellas en el medio rural", ha subrayado Iranzo.

El pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo ordenamiento en materia de bienestar animal para la avicultura de puesta en la Unión Europea que, entre otros requisitos, incrementa el espacio que debe disponer cada animal en las jaulas.

Al igual que en el sector aviar, COAG ha recordado que las explotaciones de porcino deberán adaptarse a la nueva reglamentación sobre bienestar, que entrará en vigor el 1 de enero del 2013 para este sector.

La organización ha incidido en que las más de 75.000 granjas de porcino de capa blanca en españa deberán hacer frente a una inversión de entre 250 y 300 euros por animal, lo que supondrá un desembolso sectorial conjunto cercano a los 700 millones de euros.

Para Iranzo, con estas obligaciones se pueden "tirar por la borda años de esfuerzos por ofrecer un producto sano y seguro a precios razonables".

Ha añadido que, además, se registrará una menor producción, al aumentar el espacio disponible por cerda en un 30 % y que abrirá la puerta a las importaciones de terceros países "que no cumplen con la normas europeas sobre bienestar animal, una competencia desleal inasumible".