Actualidad / Unión Europea

Bové señala que se recurrirá el acuerdo comercial con Marruecos si se aprueba

El eurodiputado reitera su rechazo y que recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE

08/02/2012

El eurodiputado José Bové ha reiterado su rechazo a la renovación del acuerdo de libre comercio con Marruecos y ha anunciado que si el pleno del PE vota a favor la próxima semana recurrirá con los agricultores afectados al Tribunal de Justicia de la UE. Bové lo ha detallado así en una rueda de prensa conjunta con representantes del sector agrícola español y francés, en que han expuesto los motivos de su posición contraria al acuerdo.

Ha indicado que, a día de hoy, es imposible predecir el resultado de la votación, pero que hay "presiones enormes" desde Marruecos para que salga adelante y, a su juicio, se utilizan como "chantaje" cuestiones como el control de la inmigración a Europa.

Con respecto al recurso ante el tribunal comunitario, ha explicado que se basaría en que el acuerdo contradice el Derecho Internacional, porque parte de las explotaciones marroquíes se encuentran en territorio del Sahara Occidental, cuya realidad jurídica todavía no ha sido clarificada por la ONU.

Bové, vicepresidente de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara y ponente del informe sobre el acuerdo, ha justificado su oposición por considerar que será "catastrófico" para el sector hortofrutícola del sur de Europa y que solo beneficiará a los grandes exportadores marroquíes, en su mayoría de capital europeo.

Desde el punto de vista social, ha insistido en que los trabajadores de las grandes explotaciones marroquíes trabajan en situación de "casi esclavitud", sin derecho a sindicarse y con salarios de unos cinco euros diarios, "fuera de cualquier derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo".

Bové ha subrayado el peligro ambiental que suponen las grandes explotaciones marroquíes para las reservas de agua, puesto que requieren hasta diez veces más que los cultivos españoles y en ciertas zonas consumen capas freáticas fósiles que no son renovables.

Por su parte, los representantes de las cooperativas y las organizaciones agrarias españolas y francesas se han mostrado unidas en su rechazo a un acuerdo que calculan podría destruir en torno a 350.000 empleos en zonas con elevadas tasas de paro, y han recordado las reiteradas denuncias de incumplimientos al convenio actualmente en vigor.

Por parte de Cooperativas Agro-alimentarias, su secretario general, Eduardo Baamonde, ha afirmado que este debate propiciado por Bové supone un punto de inflexión porque hasta ahora, a su juicio, los acuerdos comerciales se negociaban con "total opacidad" y que no se puede renovar el convenio sin garantías de cumplimiento.

Desde Asaja, su responsable de hortalizas, Francisco Vargas, ha destacado que en 2011 la producción de las frutas y hortalizas perdió un 16 % de valor y que la organización ha puesto en marcha una campaña de mociones contra el acuerdo en los ayuntamientos con importantes producciones hortofrutícolas para enviarlas a todos los parlamentarios europeos antes de la votación del pleno.

El responsable de organización de COAG, Miguel Blanco, ha calificado el acuerdo como "escandaloso" y ha apuntado que pone en peligro en torno a la mitad del empleo actual en el sector hortofrutícola, así como un tercio de la producción.

La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha reivindicado la defensa de los productores españoles para evitar que se repitan situaciones como el abandono del cultivo de judía verde por la competencia marroquí, de la que hoy en día únicamente quedan en Almería siete hectáreas.

En la misma línea se expresó el director de Fepex, José María Pozancos, quien aseguró que el acuerdo supone el "desmantelamiento total" de aranceles para las importaciones de terceros países, lo que podría provocar que los productores nacionales se encuentren discriminados con respecto a los de terceros países, que no cumplen los mismos requisitos sanitarios y ambientales.

A la rueda de prensa también asistieron el eurodiputado socialista Vicent Garcés, que anunció el voto en contra de su delegación, la diputada de ICV Laia Ortiz y el coordinador general de IU, Cayo Lara, que también avanzó el voto contrario de su grupo en Estrasburgo.

Asaja valora la unidad mostrada por el sector en la comparecencia de Bové