La capacidad de recaudación de la Agencia Tributaria respecto al sector agrario parece que no tiene fin. Si hace unos días se hacía pública la denuncia de que el Ministerio de Hacienda había empezado a remitir requerimientos fiscales a los titulares de explotaciones que transmitieron derechos de sus tierras o granjas, ahora la propia Unions Agraria ha vuelto a denunciar que cientos de agricultores y ganaderos gallegos han recibido en los dos últimos meses requerimientos fiscales para el pago del IVA por la transmisión de derechos de sus tierras o granjas a sus hijos. Una medida que la propia Agencia Tributaria reconoce que aplica en toda España.

Los afectados, según recoge R. Prieto en laopiniondelacoruna.es, sostienen que no han cometido fraude alguno con las cesiones de derecho de pago único de la PAC (Política Agraria Común) ya que la práctica totalidad son explotaciones agroganaderas que dejan los titulares a sus hijos tras jubilarse, según avanzó la semana pasada este periódico. Pero la Agencia Tributaria advierte de que pese a la gratuidad de las transmisiones, es decir “sin contraprestación” y que por tanto no son “onerosas”, también deben rendir cuentas con el fisco “tanto en renta (como ganancia de patrimonio) como en IVA (autoconsumo)”.

La medida de cobro podría alcanzar sólo en Galicia a unos diez mil agricultores pero se aplica en toda España

“Hacienda parte de que hay un contrato y una contraprestación, cuando no la hay. No ha habido venta alguna, sino que se trata de una explotación familiar, que pasa de padres a hijos”, explica el secretario general de UUAA, Roberto García. “Reclaman el contrato con un IVA imaginario”; cuestiona el responsable del sindicato agrario.

Pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro no da marcha atráso. “La propia normativa tributaria establece en casos como estos (sin contraprestación) la transmisión tributaria; tanto en Renta como en IVA”, sostienen desde la Agencia Tributaria, que niega que los requerimientos hayan llegado a miles de contribuyentes en Galicia. “Hasta ahora serán unos cientos, pero si se tiene en cuenta el número de cesiones de los últimos cuatro años, los no prescritos, son unos 10.000”, detallan desde Unións Agrarias.

“Esto es solo el comienzo”, apunta García, quien se refiere a este proceso como una “campaña sin precedentes” en Galicia y de la que el sector no tiene constancia en otras comunidades, al menos de “forma masiva”.

La Agencia Tributaria aclara que esta regularización “no es novedosa” ya que se ha realizado en otros puntos del territorio nacional. Hasta la fecha, según apuntan, no tienen constancia de alegación alguna por parte de los contribuyentes de que no existiera contraprestación. “Los datos oficiales de los que dispone la Agencia, procedentes de organismos públicos, muestran que los contribuyentes sí han atribuido un valor por esa contraprestación”, explican desde el departamento que dirige Montoro y que recoge laopiniondelacoruna.es.

De hecho, este mismo año, en plena campaña de la declaración anual de la renta, la Agencia Tributaria también envió requerimientos y propuestas de liquidación del IVA a todos aquellos agricultores que procedieron a una cesión de derechos sin tierras en el año 2013 y no realizaron la liquidación del IVA.

UUAA critica que “si no hay contrato, no hay beneficio, por tanto no se va a crear un contrato ficticio”

De igual forma en 2014 Hacienda también obligó a tener que efectuar el pago del IVA de las ayudas europeas para la cesión de derechos del pago único de la PAC, provocando el enfado del sector que criticó que “Hacienda aprovecha para recaudar a través de un IVA que interpreta que deben llevar las ayudas europeas” pero que no estaba nada claro.

Los contribuyentes afectados tienen un plazo de diez días desde que reciben la notificación de Hacienda para presentar alegaciones. UUAA asegura que ya hay afectados que recurrieron, pero sin presentar la documentación requerida por la Agencia Tributaria ya que -alegan- es “inexistente”.

“Si no hay contrato, no hay beneficio, por tanto no se va a crear un contrato ficticio”, cuestionan desde el sindicato agrario, al tiempo que lamentan que la Consellería de Medio Rural y el propio Ministerio de Agricultura no hayan intervenido porque son “conocedores” de los casos que se dan en el territorio gallego con la cesión de derechos de la PAC. “Son ellos quienes dan los datos a la Agencia Tributaria y no les explican que se trata de explotaciones familiares, que se transmiten de padres a hijos cuando llega la jubilación”, lamenta Roberto García.

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