Nuevo curso en el Parlamento Europeo: ¿programa o demagogia?

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     Los agricultores y ganaderos españoles nos jugamos mucho en el devenir de las políticas europeas, no es ningún secreto que un 30% de nuestra  renta, de media, la obtenemos como consecuencia de las ayudas, programas y presupuestos de la UE. Por eso, en la pasada campaña electoral al Parlamento nos hubiera gustado escuchar muchas más propuestas concretas de los aspirantes a eurodiputados y de los partidos que les respaldan, y no solo las referencias a la mala herencia recibida y las consabidas descalificaciones del contrario con el “¡y tu más!”.

     Ahora, empezada la nueva legislatura del Parlamento Europeo y con los eurodiputados a punto de irse de vacaciones, me gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones a tener muy en cuenta a partir de septiembre, en el inicio del nuevo curso político.

     Frente al catastrofismo generalizado de algunos me permito discrepar. No es verdad que no haya margen para mejorar las cosas, no es verdad que no se pueda hacer nada dentro de los entramados de los grandes bloques de los partidos europeos. Pero lamentablemente, como en este país nos despachamos desde hace meses con buena parte del telediario ocupado por los imputados de las organizaciones empresariales, o tesoreros de partidos políticos, o los ERE’s andaluces fraudulentos, sobre costes injustificados de las obras públicas y un larguísimo y tristísimo etc.; parece que queda poco margen para las propuestas sensatas,  para el millón de pequeñas cosas que se pueden hacer para mejorar las cosas en todos los sectores de la economía, del ámbito cultural social educativo y … ¿ cómo no? también  del agrario.

     Sin pretender ser mejores que nadie, pero aplicándonos el cuento, hemos elaborado un documento sencillo de objetivos posibles y necesarios, que deberían abordarse en el ámbito europeo en la  legislatura que ahora comienza, y que a nuestro juicio ayudarían a mejorar, o a facilitar el progreso de muchas zonas rurales y el de los agricultores y ganaderos que habitan en ellas.
Se trata básicamente de varias propuestas en el ámbito agroalimentario que bien pueden ser asumidas por las diferentes opciones políticas y que van a favor de la transparencia en los mercados y en el etiquetaje de los alimentos, de la calidad en la elaboración y la promoción de productos con calidad acreditada y constatable y otras, a nuestro juicio, importantes cuestiones.

     Tampoco debemos olvidar, ahora que se hace tanto énfasis en desvincular las posibles ayudas de la producción y la labor medioambiental y paisajista de la actividad agrícola (a la que no renunciamos),  que la Europa actual tiene que alimentar a 500 millones de personas, y debe seguir optimizando su capacidad productiva.

     El crecimiento de la demanda de determinados productos alimenticios, hechos vinculados al desarrollo económico y social de países importantes por el número de habitantes y por su actual capacidad de desarrollo como China, India y Brasil, entre otros, y la vinculación, cada vez mayor entre el precio del petróleo y el de algunos cereales susceptibles de producir bioetanol, nos demuestran que en el futuro, garantizar una alimentación saludable, variada y a precios razonables no va a ser menos importante que en el pasado. Todo ello, sin renunciar a tener un medio ambiente conservado.

     El Parlamento y las otras instituciones comunitarias en esta nueva legislatura que ha comenzado deben saber que la mejora de la investigación aplicada a la lucha contra las plagas y en la innovación en semillas; los usos más eficientes del agua y los fertilizantes en relación con la producción y el mejor respeto al medio natural; la mejor información de los consumidores y la potenciación del consumo de los productos de mejor calidad vinculados a nuestro territorio, a nuestras tradiciones y a la dieta mediterránea;  son en esta nueva y vieja Europa una tarea necesaria, constante e irrenunciable.

     Para conseguir todos estos objetivos, nuestros representantes políticos en la UE tienen que tener claro la importancia de mantener una Política Agraria Común (PAC) sin renacionalizaciones, ni cofinanciaciones, que incorpore de nuevo mecanismos de gestión de crisis y reformule sus objetivos y condicionantes para el apoyo público no vinculados con una orientación productiva específica.

     Entrando más en detalles y relacionado con el reciente acuerdo de la PAC que se empezará a aplicar en esta legislatura, me gustaría precisar y dar nuestra postura en algunos de los temas más comprometidos de la nueva normativa.

      Así por ejemplo, en lo que se refiere a la aplicación de la figura del “Agricultor Activo”, consideramos imprescindible introducir una definición de empresa, la cual debe incorporar, como en la regulación europea de las PYME, las definiciones de empresas asociadas y empresas vinculadas, para tener en cuenta que las personas que disponen de más del 25% del capital de otra empresa en la práctica tienen los mismos intereses económicos.

     Además, proponemos el establecimiento de otro tramo de ayudas asociadas a la producción dentro del Título IV del Reglamento (UE) 1307/2013, destinado a garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores profesionales a título principal.

     Por otra parte, y en lo referente a las existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, consideramos necesario que dentro de los instrumentos de mercado que conforman la red de seguridad y gestión de los riesgos de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios, se incluyan nuevos instrumentos específicos de gestión de la oferta, diferenciados por cada sector para que sean útiles y adecuados a las diferentes casuísticas sectoriales. Estos instrumentos deben permitir atenuar la volatilidad excesivamente elevada de los precios del mercado agrario con un doble objetivo, por un lado, evitar graves problemas para los productores, transformadores y consumidores y, por otra parte, permitir que la PAC alcance su principal objetivo estratégico que es la seguridad alimentaria.

      No podemos olvidar tampoco que debe regularse a nivel de la UE la prohibición de la venta a pérdidas, la cual debe incorporar en su definición tanto el precio de compra del producto, como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos.

     Un sector especialmente vulnerable al que hay que prestar  atención es el de las frutas y hortalizas. En este ámbito se hace imprescindible modificar la normativa actual para fomentar la organización de los productores introduciendo medidas que flexibilicen el reconocimiento a las organizaciones de los mismos, así como también revisar los mecanismos existentes de gestión de crisis para que sean verdaderamente útiles.

     Otros temas que no debemos olvidar y a los que hay que dar solución en breve son, por ejemplo, ampliar el plazo para la adaptación de los productores ecológicos a la nueva normativa, reforzar la defensa del modelo agrario europeo, hacer cumplir exhaustivamente las normativa de la UE y promover adecuada y eficazmente la calidad de las producciones a nivel interno.

     Esto es lo que echamos en falta en la campaña, propuestas y medidas reales que solucionen los problemas a los que cada día se están enfrentando los agricultores y ganaderos de este país. Así que esperamos que los políticos electos tomen buena nota de lo expuesto en estas líneas y sean capaces de bajar de sus estrados para ocuparse realmente de los problemas y necesidades que acucian a sus votantes, que al fin y al cabo, son los que les han colocado en las posiciones que ocupan.