El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado tres sentencias en las que declara que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios a explotaciones ganaderas por ataques de lobos y la condena a indemnizar con una cantidad casi cuatro veces superior a la indemnización fijada por la Administración regional.

En las tres resoluciones, fechadas este mes y las primeras que dirime el Tribunal Superior madrileño sobre este asunto, se estiman parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los tres ganaderos, que reclamaban la indemnización más elevada.

Contra ellas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Comunidad tiene intención de recurrirlas, han adelantado a Efe fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En uno de las sentencias, dictada por la Sección número 10 de lo Contencioso-administrativo del TSJM el 6 de noviembre y a la que ha tenido acceso Efe, la Comunidad de Madrid deberá indemnizar con 10.571 euros a Luis González Santiuste, ganadero de Prádena del Rincón, por un ataque de lobos a su explotación ocurrido en 2015 y en el que murieron 24 cabras.

De la cantidad anterior se han descontado las ayudas recibidas por el ganadero por parte de la Administración regional para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos y que según González suman la cantidad de 3.780 euros.

Se crea un precedente para otros ganaderos cuyas explotaciones se vean o se hayan visto afectadas por ataques de lobos

En la sentencia, el TSJM considera que existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad por el carácter de “especie protegida del lobo al sur del Duero y, por tanto, el ganadero no debe soportar el daño causado por sus ataques”.

Para cuantificar el daño, el informe pericial aportado por el ganadero, elaborado por un ingeniero de Montes, establecía dos valoraciones: una por el valor intrínseco del daño y perjuicio (40.389 euros); y la otra, por sustitución del animal (14.351 euros).

El informe elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, reducía el valor intrínseco del daño y perjuicio a 2.137 euros, aunque le acabó concediendo al ganadero 3.780 euros.

El tribunal se inclinó por la valoración de la indemnización más baja del ganadero tras descartar la primera por considerar que utilizaba una fórmula “estereotipada basada en afirmaciones generales y no en datos concretos, objetivos y verificables”.

Y rechazó la valoración de la Comunidad por calificarla de “contradictoria” al concluir que “el importe de los daños reclamados por González asciende a 2.137 euros”, mientras que las ayudas concedidas por los daños ocasionados por lobos en la explotación fueron más altas.

Es decir, la Administración regional “ha abonado unas ayudas superiores al valor del daño sufrido por el recurrente”, añade la sentencia, en la que se recoge que la Comunidad de Madrid “no ha aprobado hasta la fecha un plan de gestión del lobo, como el que existe en otras comunidades autónomas”.

Luis González ha destacado a Efe la importancia de estas sentencias porque “sienta un precedente” para otros ganaderos cuyas explotaciones se vean o se hayan visto afectadas por ataques de lobos, y así “pierdan el miedo a reclamar” indemnizaciones “más justas”.

Ha lamentado además la decisión de la Comunidad de recurrir porque, en su opinión, solo va a retrasar el cobro de las ayudas.

Desde octubre de este año, la Consejería de Medio Ambiente ha elevado a 300.000 euros el presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones de ganaderos por ataques de lobos o buitres. La partida hasta septiembre era de 250.000 euros, de los cuales no se han gastado 95.370 euros, han indicado a Efe fuentes de la consejería.

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