Tras la reunión mantenida entre la secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Juana Velasco, y las distintas Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha para informar sobre la imposición a España de una corrección financiera en relación la admisibilidad de los pastos permanente para las solicitudes de 2009 a 2013, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha quiere mostrar su apoyo al gobierno regional tras el anuncio del gobierno central de repercutir sobre la región el pago de corresponsabilidad financiera de pastos. Esta ejecución provocaría graves consecuencias económicas para el sector.

Tal y como ha explicado el Gobierno Regional, el 30 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la imposición a España de una corrección financiera en relación la admisibilidad de los pastos permanente para las solicitudes de 2009 a 2013. España recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea en julio del año pasado solicitando la anulación de la Decisión.

Al parecer, según el mismo gobierno regional informa, el Ministerio inició un procedimiento de repercusión de responsabilidad a las Comunidades Autónomas, una decisión contraria a la normativa que regula este procedimiento al establecer de forma expresa que cuando las correcciones traen causa de actuaciones de los Organismos Pagadores efectuadas en aplicación de la normativa básica nacional deben ser asumidas por la Administración General del Estado.

En este sentido, la Consejería de Agricultura formuló las alegaciones, solicitando que el importe de la sanción fuera asumida por la Administración General del Estado, una posición compartida por el resto de Comunidades Autónomas, según la Consejería, cuya intención es que el Estado asuma la totalidad de la sanción por el Coeficiente de Pastos al traer causa de sus propios actos. Igualmente, se solicitó la suspensión del acto recurrido con el fin de evitar las consecuencias económicas correspondientes.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se apoya la decisión del gobierno regional de recurrir al Supremo la suspensión del acto de ejecuión inicial por el Ministerio.

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