O el sector del Rioja desbloquea la Interprofesional o intervendrá el Magrama

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   También ha indicado que esta situación de provisionalidad existe desde el pasado 30 de marzo, cuando finalizó el mandato de la Junta Directiva de la Interprofesional del Vino de Rioja.

    Ha recordado que si este acuerdo entre las partes, que ha calificado de "urgente", no se produce, tendrá que actuar el Ministerio de Agricultura para evitar que el Consejo Regulador continúe en una situación de "limbo jurídico".

    El consejero ha recordado las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en su visita a La Rioja, cuando emplazó al sector a que busque un acuerdo y le advirtió de que, si no se producía, tendría que actuar para no dejar al Consejo Regulador en una situación de provisionalidad, a lo que aseguró no estar dispuesto porque cree que no sería favorable para los vinos de Rioja.

    Nagore ha lamentado que, en la actualidad, la situación "sigue estancada" y ha indicado que es "un poco incomprensible", debido al distanciamiento de posturas entre cooperativas y organizaciones agrarias en nombrar un candidato de consenso para dar continuidad a la Interprofesional en los próximos cuatro años.

El ‘limbo jurídico’ no puede durar más


    El consejero riojano, como representante de la Administración regional con mayor superficie de viñedo dentro de la DOC Rioja, ha indicado que ha mantenido reuniones con el sector para animar a las organizaciones a que "desbloqueen" la situación y se constituya la nueva Junta Directiva de la Interprofesional.

    Ha recalcado que, "lamentablemente", las organizaciones siguen "enquistadas", cada una en su postura y "parece difícil llegar a un acuerdo".

    Nagore ha también informado de que el Ministerio de Agricultura tiene previsto celebrar próximamente una reunión para analizar la situación y ver qué se puede hacer para desbloquear la situación.

    Ha insistido en que el Ministerio no está dispuesta a que el Consejo Regulador siga en el "limbo jurídico" y que sus decisiones puedan ser recurridas por alguno de los inscritos por una situación de inseguridad jurídica.