Para Arias Cañete, la ley de la cadena alimentaria es la “más avanzada” de toda la UE

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   El Gobierno de Mariano Rajoy, a su juicio, ha llegado "al máximo" con esta ley, dentro de lo que la legislación europea le permite.

    Arias Cañete ha intervenido en el debate, aunque en principio ha dicho que no tenía pensado hacerlo, para contestar al grupo parlamentario socialista, que ha calificado de "mala" esta nueva normativa porque "defrauda todas las expectativas puestas por los operadores de la cadena agroalimentaria".

Dura respuesta a las críticas del PSOE


    Ha recordado que el anterior Gobierno del PSOE presentó un proyecto en el que "fueron incapaces de plasmar todas las peticiones" que los socialistas han hecho ahora. En ese punto, ha establecido una comparativa entre la ley del PSOE de 2011 y la aprobada por el PP.

    Así, el ministro ha detallado que la normativa socialista no regulaba ni recogía aspectos como la obligatoriedad de los contratos por escrito, la figura del mediador, las sanciones administrativas por incumplimiento de plazo en los pagos, las subastas electrónicas, la prohibición de las prácticas comerciales abusivas o un código de buenas prácticas comerciales. En cambio, la nueva normativa que ha visto la luz sí los incluye, según ha matizado.

    En esta comparativa, la norma del PSOE no concretaba con precisión su ámbito de aplicación mientras que la del PP fija como ámbito genérico las relaciones entre los operadores, las actividades de transporte, el canal de hostelería y los consumidores, según información detallada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

Se añaden conceptos como la unidad del mercado y los derechos del consumidor


    Este documento señala que la nueva ley del PP, no sólo mantiene los fines de la anterior, sino que añade "otros nuevos como garantizar la unidad de mercado o los derechos de los consumidores".

    La nueva ley aprobada introduce como novedad, respecto a la anterior, según informa el Magrama, un período de conservación de documentos para la realización de los controles pertinentes.

    El cuadro comparativo recoge que el anterior Gobierno no reguló los laboratorios agroalimentarios ni la realización ni difusión de estudios y análisis comparativos.

    Este texto incluye que la norma del PSOE no recogía el control de la cadena mientras que la ley aprobada crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, que asume las funciones de la Agencia para el Aceite de Oliva.

    En el apartado de la mejora de la vertebración de la cadena, la comparativa del Ministerio refleja que el proyecto socialista no recogía nada al respecto, y la del PP promueve medidas para fomentar la integración y potenciar el desarrollo de la cadena de valor.

Respaldo de la industria a la ley


    Por su parte,
la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ha asegurado que el nuevo marco legislativo abarca los elementos esenciales para equilibrar las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, y sienta las bases para establecer un nuevo ámbito de creación de valor.

    Su director general, Horacio González Alemán, ha destacado que "con esta nueva norma nos encontramos ante un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto de la economía alimentaria, incluido al consumidor".

     Según la FIAB, una vez establecido este modelo, se abre una fase crucial de desarrollo de la Ley para conseguir el cambio necesario a lo largo de la cadena alimentaria.