En un comunicado, la organización señala, en primer lugar, que la definición de Agricultor Activo es "insuficiente el porcentaje del 20% de ingresos procedentes de la actividad agraria que recoge la definición de agricultor activo como perceptor prioritario de ayudas a la hora de medir su profesionalidad. Se sigue dejando la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas PAC (un tercio del total). Además, esta situación lastra la competitividad de nuestros profesionales frente a los de países de la UE, caso de Francia o Alemania, en donde sólo reciben ayudas los verdaderos profesionales (en torno a 350.000, frente a 900.000 perceptores en España) y la media de PAC por explotación es un 69% más elevada, (20.000 euros por beneficiario en Francia frente a 5.000 en España)".
Sobre los jóvenes profesionales, cree que el nuevo modelo de ayudas desacopladas sobre la base de las referencias históricas pretende consolidar el esquema de percepción de ayudas PAC de los últimos años, manteniendo importes equivalentes para los actuales beneficiarios del régimen de pago único "y cerrando la puerta a los agricultores jóvenes que no hayan percibido ayudas en los últimos años. Este planteamiento, conocido como “statu quo”, sitúa en inferioridad a los agricultores jóvenes, marginándoles e impidiéndoles trabajar en igualdad de condiciones, dificultando el vital relevo generacional".
En relación a los productores históricos de frutas hortalizas y viñedo considera que miles de agricultores profesionales "se quedarán sin acceso a las ayudas PAC, lo que supone dejar fuera del sistema a 1 millón de hectáreas. COAG siempre ha defendido ante el MAGRAMA que aquellos agricultores activos profesionales que cultivaron viñedo, frutas y hortalizas en 2013, sin recibir ningún tipo de apoyo, tengan derecho a integrarse en el nuevo régimen de pago básico legitimados de la misma forma que el resto de agricultores activos, evitando así actuaciones discriminatorias contrarias a la reglamentación comunitaria".
En sentido, recuerdan, se han pronunciado el Jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en una carta remitida a esta organización, en la que sostiene que desde la Comisión “asegurarán que las decisiones adoptadas por las autoridades españolas estén en conformidad con la legislación de la UE”, en referencia a principios generales del derecho de la UE como el principio de no discriminación.
Serán rigurosos en el control de las tierras destinadas a ganadería
Sobre los sectores ganaderos, cree que se deberá ser "muy riguroso para que no haya tierras de labor y pastos sin actividad que reciban ayudas PAC. Se deberán aumentar los controles de registros ganaderos para comprobar que la dimensión de la explotación está acorde con las hectáreas de pastos asociadas, como pudiera ocurrir en dehesas o grandes propiedades. En cuanto al año de referencia de superficie y derechos, (que se establece en 2013), es necesario un ajuste de las superficies con derechos a ayudas, suprimiendo todas aquellas que tiene derecho a pago pero que sin embargo no se realiza actividad alguna, (podrían estar en torno a las 1,5 millones de hectáreas)".
En el punto de las ayudas acopladas, el acuerdo alcanzado se queda en el 12,08% del presupuesto total de pagos directos, pero desde esta organización se reitera la necesidad de que se eleve al 15% permitido por la UE "para mejorar la escasa asignación para determinados sectores incorporados o que han quedado excluidos. Es fundamental el apoyo a sectores en riesgo de abandono, con problemas de rentabilidad o situados en zonas con dificultades específicas".
Se pueden perder fondos de Desarrollo Rural
Por último, sobre los fondos de desarrollo rural, COAG señala que en el acuerdo aprobado, la aportación estatal se reduce el 50% al 30%, dejando el resto en manos de la administración regional. En este capítulo COAG muestra "su preocupación ante los drásticos recortes presupuestarios del MAGRAMA y las CC.AA. ya que pueden poner en peligro los fondos de Bruselas ante los problemas de cofinanciación de los programa de Desarrollo Rural. Por este problema, en 2012 ya se perdieron 70 millones de euros y, a falta de conocer los datos definitivos, en 2013 el Comisario Ciolos ya ha avisado a Arias Cañete que se podrían perder incluso más".
Esta organización considera" irrenunciable" al cofinanciación de los fondos de desarrollo rural, vitales para medidas estructurales para el sector como la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, medidas agroambientales, regadíos o zonas desfavorecidas.
“Sería una grave irresponsablidad política que en un contexto de crisis económica se perdieran ingresos netos de la UE para un sector que genera desarrollo económico y social en nuestros pueblos”, ha apuntado Blanco.