Para la Xunta, la Ley de la Cadena Alimentaria “se adecúa a nuestros intereses”

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   Sobre la introducción de los costes de producción en el texto, recordó la posición contraria de la Comisión Nacional de la Competencia y, por ello, dijo que su objetivo es velar por el sector y, "si se considera que hablar de costes mínimos de producción puede traer problemas, no vamos a apostar por el pan para hoy y hambre para mañana".

    Así, defendió la postura del Ejecutivo gallego, que no tiró la toalla ante la postura "taxativa" de Competencia y propuso "alternativas válidas que nos garanticen el pan para hoy y la hartura para siempre", en referencia a la figura del mediador, finalmente incluida mediante una enmienda en el Senado.

    Se trata, explicó, de una figura que venía demandando el sector y que refuerza la idea de construir y distribuir valor de manera equilibrada, "sin imposiciones de precios, sino con la negociación como base y fundamento", agregó.

    Para la conselleira, esta figura será complemento de otros pasos ya dados, como el fomento de las organizaciones de productores lácteos o la instauración de los contratos homologados.

La Ley se aprobará entre el 18 y el 19 de julio


    Por su parte, el director general del Ministerio apuntó que la ley está en una fase muy avanzada y será debatida en el Senado los días 8 y 9 de julio, para pasar al Congreso y recibir el visto bueno definitivo de las Cortes el 18 y 19 de ese mes.

    Defendió el marco que se crea con esta norma para que los operadores de la cadena alimentaria trabajen en beneficio del conjunto y no se consideren enemigos, un marco de libertad -señaló- pero "respetando las reglas de juego y las normas de equidad y justicia".

    Resaltó que se trata de una ley "muy innovadora" en el conjunto de los países comunitarios e indicó que ya han recibido peticiones de otros Estados de la Unión para conocer los textos utilizados en su elaboración.

    Sobre la situación en que se va a aplicar, subrayó la existencia de 900.000 perceptores de ayudas de la PAC, 30.000 industrias y 400 cooperativas y una distribución "bastante concentrada" en un número reducido de grandes distribuidores, lo que derivó en ocasiones en relaciones "desequilibradas".

    Explicó que la ley recoge sistemas de control, define prácticas abusivas y sanciones, aunque también mecanismos de autocontrol, con códigos de buenas prácticas, así como un sistema de resolución de conflictos por el arbitraje y mediación.

El Ministerio rechaza que las sanciones sean suaves


    Sobre el régimen sancionador, dijo que había habido ya manifestaciones de que sería "light" o suave, calificativo que rechazó, porque la reiteración agravará las sanciones y se considera una sanción por cada uno de los proveedores afectados por las malas prácticas del sancionado.

    También apuntó que la denuncia podrá ser presentada por los afectados o "de oficio", por una Agencia de Control Alimentario, que se crea y que tendrá, además, la misión de hacer un seguimiento del desarrollo de la propia ley.