Para pertenecer a la Marca España las empresas deben incorporar la responsabilidad social

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   "Esta proposición no de ley pretende evitar que las grandes multinacionales operen de esta manera en países pobres y subdesarrollados porque lo que ha ocurrido no es la primera vez y las empresas que operan allí lo hacen en condiciones infrahumanas", ha explicado.

    El diputado del PSOE ha aludido a la responsabilidad del Estado ya que varias empresas españolas operan en Bangladesh. "Queremos que nuestras empresas sean socialmente responsables en todo el mundo", lo que redunda en beneficio de la Marca España.

    Así, la proposición no de ley pide que se incorpore a las grandes compañías españolas la responsabilidad social e instalar en España "un instrumento jurídico potente" -el informe Ruggie- que pretende proteger, respetar y remediar las condiciones de trabajo, incluso en países donde no hay leyes mínimas de protección a los trabajadores.

Respeto a los derechos humanos a cambio de apoyo oficial


    El texto pactado entre PSOE, PP, UPyD, CiU y PNV obliga a que las empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado elaboren un plan específico sobre "el deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos".

    También exige que se establezcan canales de información "con las personas o comunidades que resulten afectadas por las operaciones que realicen estas empresas, en España y en otros países".

    El texto insta también a que se incorporen a la futura Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado las orientaciones de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

    La diputada del PP María del Carmen Álvarez-Arenas ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y ha apostado por trabajar en un desarrollo económico sostenible y conseguir una mayor cohesión social.

    La iniciativa aprobada establece también la elaboración de un informe sobre las iniciativas adoptadas en el conjunto de las administraciones públicas para la aplicación en España de los principios rectores sobre derechos humanos y empresa.

    Este informe se presentará a final de año a la Comisión Constitucional del Congreso.