La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, ha aprobado declarar la “crisis humanitaria en materia alimentaria” en el país, un acuerdo enmarcado en “una crisis social sin precedentes” que, aseguran los diputados, tiene a tres millones de venezolanos “comiendo desperdicios”.

La llamada “Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela”, que fue aprobada de manera unánime por la oposición parlamentaria y con el voto ausente del bando oficialista, será enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales.

Por su parte, el Gobierno de Maduro ha desplegado más de 2.000 funcionarios por 709 panaderías del municipio caraqueño Libertador para supervisar estos establecimientos, que podrían ser intervenidos por el Ejecutivo de comprobarse irregularidades con la venta y producción de pan.

Entre los funcionarios desplegados había militares, además de fiscales de la Superintendencia de Precios Justos.

El Superintendente de Precios Justos, William Contreras, encabezó estos operativos en la capital venezolana, que, según dijo, se expandirán por todo el país para dar cumplimiento a la indicación presidencial que ordena destinar el 90 % del saco de harina a la elaboración de dos tipos de hogazas.

Contreras explicó que unos 700 fiscales de la entidad que dirige llenaron formularios para determinar la cantidad de materia prima que recibirá cada panadería en función del tamaño del negocio, así como de la capacidad individual de amasado, procesamiento, almacenamiento y frecuencia de distribución de los panes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here