Piden declarar las tierras del Guadiana como zonas en situación de emergencia

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   "Esto es una catástrofe y el Gobierno de España tiene que actuar porque estamos hablando de muchos afectados y de pérdidas muy grandes", ha dicho Huertas, tras precisar que en la comunidad extremeña ha habido agricultores que "lo han perdido todo".

    Por ello, la organización agraria demanda la declaración de las tierras que delimitan con la cuenca del Guadiana como "zonas en situación de emergencia por catástrofe climática".

    Además, UPA-UCE reclama una investigación y la delimitación de responsabilidades sobre la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en los desembalses que considera "negligente" y por lo que pide la dimisión del presidente de esta entidad, José Díaz Mora.

    Asimismo, solicita para los agricultores afectados ayudas directas cofinanciadas desde el Ministerio y la UE, nuevas líneas de financiación, moratoria y ampliación de aquellos préstamos oficiales que tienen sus vencimientos en 2013 y la condonación de las cuotas de la Seguridad Social Agraria y del Impuesto de Bienes e Inmuebles correspondientes a este año fiscal.

    De igual forma, considera necesaria la reducción de los módulos del IRPF y la desgravación de los inputs derivados del petróleo; la condonación del canon de obras de 2013 a las explotaciones afectadas; ayudas para las cooperativas; y la rotación de cultivos en los sectores afectados.

La Junta extremeña "ha actuado bien y rápido"


    Con respecto a la actuación de la Junta de Extremadura, Ignacio Huertas ha reconocido que ha actuado "rápido y bien" con respecto al arreglo de caminos o infraestructuras de las comunidades de regantes, aunque ha considerado que las ayudas a los agricultores van a ser "tardías e insuficientes".

    En ese sentido, ha explicado que hasta el próximo 18 de mayo está abierto el plazo para la valoración de daños y posteriormente el Gobierno regional tendrá que sacar el decreto, con lo que el proceso se demorará dos meses.

    Además, ha precisado que las ayudas estipuladas por la Junta de un máximo de 7.500 euros por explotación son "totalmente insuficientes", ya que muchas de las afectadas han sufrido pérdidas hasta por diez veces más.