Por esto, UPA ha demandado que se haga uso del Registro de Regantes para adaptar las tarifas a estos “usuarios especiales”. Esa lista identifica a los consumidores de energía eléctrica que la utilizan para regar.

      El Gobierno había esgrimido, en los últimos meses, que no podía reducir los sobrecostes energéticos del regadío, ya que podrían beneficiarse otros colectivos que nada tienen que ver con el sector agrario. “Pues bien, ahora ese argumento ya no es válido porque existe un registro de regantes, con datos claros y comprobables”, han declarado desde la organización agraria.

El registro de regantes permitirá ahora pagar por potencia consumida y no contratada

     De esta forma, cuestiones como la adecuación de los contratos de temporada a las necesidades de los agricultores o que los regantes paguen por la potencia realmente consumida y no por la contratada o que se permita a los regantes agrupar consumos para poder contratar tarifas de seis periodos “pueden ser una realidad, siempre y cuando haya voluntad política para llevarlas a cabo”.

      UPA ha recordado que el proceso de modernización de más de un millón de hectáreas acometido a principios de la pasada década supuso la sustitución de los sistemas de gravedad –de consumo eléctrico despreciable- por sistemas de presión, caracterizados por su mayor ahorro de agua pero también mayor demanda energética.

     Concretamente, el riego de superficie (sin modernizar) se ha reducido a la mitad, pasando de representar el 59% del regadío español en el año 2002 al 28,3% en 2013. Por el contrario, el riego localizado (modernizado) se ha multiplicado casi por cuatro al pasar del 17% al 48,2% en idéntico periodo.

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