Entre ellas, se cita la necesidad de eliminar las distorsiones actuales, y no perpetuarlas con el nuevo sistema, entre agricultores que producen frutas y hortalizas con derechos de pago único y otros productores de este sector que lo hacen sin dichas ayudas y que, por tanto, tienen una desventaja económica con los primeros.
Es más, según señalan en una nota conjunta, el resto de principales productores europeos podrán acceder a los pagos lo que nos haría competir en desigualdad de condiciones. Limitar el acceso a los pagos en España supondría distorsionar la competencia y crear desventajas competitivas frente a otros productores de la UE que participarían en los mercados en condiciones más favorables.
La entrada del sector hortofrutícola, sector que genera la mitad del empleo agrario y es uno de los capítulos que más aportan a las exportaciones totales españolas, con el 5,8% del total en 2012, apenas supondría el aumento del 2,5% sobre el total de superficie que se considerará elegible en el nuevo modelo. Sólo 550.000 ha del 1,5 mill ha que ocupa el sector no cuentan en la actualidad con ayudas directas, por lo que el impacto de su entrada en el global de hectáreas sería muy limitado, más si cabe si se considera la elevada importancia económica, social, ambiental, etc… de las producciones generadas en esa superficie.
En definitiva, estas organizaciones consideran que limitar la entrada del sector de frutas y hortalizas en el nuevo sistema de pagos directos supondría minusvalorar la elevada importancia del sector hortofrutícola para la economía española y romper con el espíritu de la reforma de la PAC que se ha planteado, que persigue una convergencia progresiva de la ayuda base entre estados miembros y agricultores activos, para reducir posibles diferencias entre regiones geográficas o agronómicas y corregir discriminaciones entre productores.