EFE.- Ha alegado que Andalucía es una de las regiones que más recibe de la PAC, con unos 2.000 millones de euros de media cada año y más de 270.000 beneficiarios, y, por tanto, "debe desempeñar un papel decisivo ya que es la que más se juega en esta reforma".

   En su intervención en sendas jornadas sobre la reforma de la PAC, ha puntualizado que la fase de negociación entre el Gobierno y las comunidades, que se iniciará con la conferencia sectorial del 24 y 25 de julio, será decisiva para ver cómo queda finalmente la PAC en Andalucía y cómo afecta a cada sector y a cada agricultor, ha informado en un comunicado la consejería de Agricultura.

   "Hasta que no esté definido el modelo de aplicación de esta reforma en España, no podremos hacer un valoración real de su impacto en nuestra comunidad autónoma", ha asegurado.

   No obstante, ha reiterado su desacuerdo con la "valoración triunfalista" que ha hecho el Gobierno de la negociación en Bruselas de la nueva PAC, "pese a haberse limitado algunos de los efectos negativos de la propuesta inicial planteada por la Comisión y que perjudicaba especialmente a Andalucía, sobre todo en cuanto al reparto de ayudas directas".

   Sobre las próximas negociaciones en España, Planas ha abogado por consensuar un modelo de región mixto, es decir que combine criterios agronómicos y de intensidad de ayudas con criterios administrativos, de manera que se minimice la transferencia de ayudas entre territorios y sectores, manteniendo, en la medida de lo posible, el reparto sectorial y territorial de dichas ayudas.

   Ha recalcado que la principal prioridad es mantener el nivel de ayudas con el que cuenta Andalucía, una "red de seguridad de la que no pueden prescindir nuestra agricultura y ganadería y que resulta fundamental para mantener la viabilidad de ambos sectores, caracterizados por su diversidad, y gran importancia social, económica y ambiental", ha aducido.

   Otra de las apuestas de Andalucía es contar con un Plan de Desarrollo Rural (PDR) regional ambicioso, que incluya la posibilidad de un PDR nacional sólo para las cuestiones que se puedan abordar mejor desde ese ámbito, como por ejemplo la integración cooperativa.

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