Por la igualdad real

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 María Teresa Resina es la presidenta de AMFAR-Ávila

Un avance para la mujer rural, pero no la mejora definitiva que seguimos esperando. La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, reconoce al fin el trabajo invisible que un vasto colectivo venía ejerciendo en los pueblos de nuestra provincia desde siempre, por lo que inequívocamente favorece la igualdad efectiva de género en el medio rural, con la mujer como eje central en torno a la que se articulan las propuestas, lo que desde luego ni siquiera contempla la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) presentada por la Comisión Europea. Una PAC excluyente que aleja y desatiende a las mujeres rurales, y que además potencia explotaciones alejadas de la competitividad, con medidas como el ‘reverdecimiento’ de las ayudas, lo que es igual a más gastos para la explotación agrícola o ganadera, y de la productividad y eficacia, ya que penaliza a los cultivos más productivos. Una PAC verde y alejada del modelo de agricultor activo, una PAC que ignora a las mujeres y por tanto al aspecto clave y generador de riqueza y vida en el mundo rural.

No seamos complacientes, no pensemos que está todo hecho. Para empezar, la Ley de Titularidad Compartida, una vez que al fin es una realidad, no puede quedarse en papel mojado, en un mero registro elaborado a base de nombres y apellidos. Son necesarios más incentivos económicos para que la mujer que habita en los pueblos de nuestra provincia pueda permanecer definitivamente, generar riqueza y evitar la despoblación, uno de los grandes males de nuestros municipios en el Siglo XXI. El paso definitivo son las ayudas reales, la rebaja de impuestos para facilitar la incorporación de la mujer a la actividad económica rural, evitar la emigración y que incluso anime a los jóvenes a retornar a sus pueblos de origen. Más allá de generalidades, exigimos la aplicación de la discriminación positiva para que cualquier mujer, independientemente de su edad y del tiempo cotizado, pueda acceder a la jubilación, de tal manera que incluso cuando la trabajadora no haya cotizado el periodo mínimo exigido, éste debe ser complementado por el Gobierno español, con el fin de corregir esta injusticia histórica.

No necesitamos palabras de aliento ni miradas condescendientes. Queremos actuaciones eficaces con medidas reales para que la mujer rural tenga similares oportunidades a la del entorno urbano. Pedimos a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 20-N visión de futuro para que incluyan en sus programas y después lleven a la práctica actuaciones de apoyo a la mujer rural. Sin mujeres el medio rural estará agotado. Con ellas los pueblos tienen la oportunidad de recuperar su esplendor pasado.