Por una nueva representatividad, interlocución y fortaleza en el campo

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Antón Gómez Reino, Pedro Arrojo, Rosana Pastor, Eva García, Diego Cañamero, Jaume Moya, y Juanxo Uralde / Diputados Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Los representantes públicos de la ciudadanía estamos para resolver problemas, trabajando por mejorar la vida de la gente, fortaleciendo valores como la participación, la solidaridad, la justicia o la democracia y contribuyendo a reconducir y resolver las situaciones conflictivas, en la medida de nuestras posibilidades.

En el espacio agrario, y desde que llegamos a las instituciones en el año 2015, nos hemos encontrado con una de esas situaciones “conflictivas” en torno a una cuestión importante: la representatividad, cuestión que, a estas alturas, debería ya estar resuelta.  El problema de raíz parte de la actuación del ministro Arias Cañete, que generó el conflicto por razones e intereses inexplicables promoviendo la Ley 12/2014, de 9 de julio por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Dicho texto vino a sustituir la ley de 2009, que contaba con el apoyo de las organizaciones del sector y había sido aprobada por el resto de los partidos políticos. La Ley Cañete, sin embargo, fue impuesta con el rodillo de la mayoría absoluta del gobierno popular, confrontada a las organizaciones agrarias y con el voto del resto de partidos, incluido Izquierda Unida (hoy en el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea).

Para nuestro grupo parlamentario hay varias cuestiones en juego que tratamos de explicar y de hacer valer desde el inicio.

En primer lugar, cabe partir de la cuestión de definir la REPRESENTATIVIDAD Y LA INTERLOCUCION.  No se trata solo de impulsar procesos electorales. Se trata de otorgar al sector un espacio definido y real de participación y concertación en todos órganos y consejos de la Administración General del Estado en los cuales se debatan e informen asuntos que les afectan. Lo imprescindible está en definir el alcance de la representatividad. Un proceso electoral, en cualquier sector económico, puesto que es costoso y desgastante, debe ser, cuando menos, útil, y para ello, el sector debe tener garantizado que esta representatividad le otorgue una posición relevante. En esta línea, nosotros apostamos por un mayor peso del sector en todos los espacios donde tenga algo que decir, y no sólo en el Consejo Nacional Agrario.  Por ello, las organizaciones han de saber que cuentan con nuestra fuerza para impulsar esta idea allí donde corresponda.

En segundo lugar, una ley de representatividad de estas características, debe elaborarse y aprobarse con el consenso de todo el sector.  Los errores del ministro Arias Cañete, imponiendo su Ley de la forma que lo hizo, es inaceptable, y condenó a la ley a su imposible aplicación. Por ello entendemos que. ES EL MOMENTO DE BUSCAR ESE ACUERDO que cuente con el respaldo del conjunto de las organizaciones y de la mayoría política del Congreso. 

En tercer lugar, no es intrascendente la definición del censo electoral. En este tema, la ley introduce algo inaudito abriendo la posibilidad de que el censo lo forme; o bien quienes estén afiliados a la seguridad social agraria, o simplemente aquellos perceptores de PAC que reciban más de 5.000 euros. Sin embargo, ni el ser perceptor de PAC, ni el recibir más de 5.000 euros, identifican necesariamente al agricultor profesional. De hecho, el 42% de los y las perceptoras reciben menos de esta cantidad y no es de recibo que agricultores y agricultoras profesionales hayan de compartir el censo con personas que no lo son, en base a criterios tan laxos como el de recibir las ayudas europeas. Es decir, el criterio censal se configura como un despropósito contrario a todo criterio de representatividad.

En cuarto lugar, hasta que se desarrolle el reglamento que nunca llega y que está previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 12/2014, se mantiene la existencia, composición y funcionalidad del Comité Asesor Agrario y la condición de más representativas para las organizaciones que ya la tuvieran reconocida de acuerdo con la Ley del año 2009. Pero mientras tanto, no tenemos mecanismo alguno que permita actualizar esa representatividad, en la medida que lo previsto por la ley vigente es rechazado por buena parte del sector.  De esta manera, el tiempo van pasando y en muchas Comunidades Autónomas hace ya más de 15 años que ni siquiera se testa la representatividad en el sector, durante los cuales ha surgido una nueva organización profesional agraria, con evidente implantación territorial, que tiene derecho a poder medirla con el resto de organizaciones, en igualdad de condiciones. Desde nuestro punto de vista, mientras todo esto sucede, y pese a las declaraciones triunfalistas que se dan en demasiadas ocasiones, esta situación enquistada debilita al sector agropecuario.

Al mismo tiempo el relevo generacional, y la igualdad y protagonismo de las mujeres son retos en los que el sector agropecuario se juega una parte de su viabilidad a futuro. Desde nuestro punto de vista es necesario que el futuro consenso dé un protagonismo especial a los colectivos de jóvenes y de mujeres rurales, más allá de su participación en las estructuras de las organizaciones profesionales. La manera de hacerlo para que no rompa la representatividad y organicidad será otro campo abierto al debate.

Por todo ello resulta imprescindible que todas las organizaciones dialoguen para alcanzar acuerdos de consenso que puedan superar la situación actual de provisionalidad. Dicho acuerdo habría de sentar el procedimiento para establecer la representatividad y la interlocución del sector.  Así pues, el conjunto de organizaciones que quieran acceder a medir el grado de su representatividad lo habrán de poder hacer en igualdad de condiciones y, si cumplen los criterios establecidos en la ley, habrán de poder entrar en los espacios de representación.

Transitoriamente y hasta alcanzar una solución de consenso, durante la espera de esta  nueva regulación, conviene establecer un mismo marco de interlocución, participación y colaboración con todas las organizaciones agrarias que tengan su representación por el procedimiento anterior o accedan a ella habiendo acreditado una representación superior al 10% en los procesos autonómicos de los últimos cinco años.

En consecuencia, es imprescindible que el conjunto de los actores implicados reflexionen y analicen las posibilidades de avanzar en esa necesaria actualización de la representatividad democrática. Nuestro grupo entiende que esquivar el debate y el esfuerzo hacia el necesario consenso, no sólo no sirve de nada, sino que, a medio plazo,  debilita a todos los colectivos y agentes implicados .

Pero no queremos terminar esta reflexión sin un último apunte: si ya apuntamos que el responsable de esta situación fue el ministro Arias Cañete, hoy tienen en sus manos la posibilidad y la obligación de solucionar el conflicto e impulsar un nuevo consenso es el ministro Luis Planas. Como Grupo Confederal, podemos garantizar que si el Ministerio se compromete con este asunto y abre el proceso al sector, estableciendo el espacio de trabajo, podrá contar con nuestra colaboración absoluta.

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