Portugal pone en marcha con apoyo agrario la nueva ley que prohíbe la venta a pérdidas

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    La moda de los descuentos ha acabado por imponerse entre todas las compañías de distribución lusas -incluso en aquellas que en el pasado mostraron públicamente sus reticencias- debido al impacto de la crisis, que ha convertido el precio en el criterio prioritario de los consumidores a la hora de decidir dónde y qué comprar.

     Talones, tarjetas de fidelización, rebajas del 50 % y ofertas de 2X1 -que se modifican incluso semanalmente- son algunas de las estrategias más comunes y que no han dejado de multiplicarse para retener a los clientes y no perder cuota de mercado respecto a la competencia.

    La nueva regulación pretende, asimismo, impedir prácticas "abusivas" en la relación entre la distribución, la industria y los agricultores, aunque su ámbito de acción es más amplio y alcanza todas las áreas del comercio.

    Fueron las principales cadenas de supermercados las más críticas con la nueva ley, y ya advirtieron de que su entrada en vigor pone en riesgo su política de precios bajos y abre la puerta a la importación de productos extranjeros.

    Desde la Asociación Portuguesas de Empresas de Distribución (APED), su directora general, Ana Isabel Trigo Morais, auguró que en un futuro cercano serán los propios agricultores y productores quienes soliciten la revisión de la norma.

    "Este cuadro legal restrictivo va a hacer que se importe más de Europa y de países extracomunitarios, retirando competitividad a la economía nacional", aseveró en declaraciones a medios lusos.

Vender por debajo de coste costará de mulya hasta 2,5 millones


    En su opinión, saber el valor "límite" hasta el que se puede bajar el precio de un producto se convertirá en algo "complejo" con la regulación actual, lo que provocará que los supermercados "tengan mucho más cuidado con sus promociones".

    Por parte de la industria, la asociación "Centromarca" -que agrupa a algunas de las más conocidas enseñas comerciales del país- solicitó hoy un aplazamiento de las inspecciones dirigidas a comprobar el respeto a la nueva normativa para que se dé tiempo a las empresas a adaptarse.

    Tanto productores como agricultores aplauden en líneas generales la decisión del Ejecutivo de avanzar en esta materia y actualizar su regulación, y se muestran confiados en que los descuentos realizados al consumidor "no sean pagados por los proveedores".

    Los dos sectores coinciden en reclamar a la distribución que reduzca sus márgenes de beneficio para continuar con sus promociones. La nueva normativa también incrementa de forma sustancial las multas para quienes la incumplan.

    Las infracciones por vender productos por debajo del precio de coste estarán castigadas con hasta 2,5 millones de euros de multa, cuando hasta ahora la sanción máxima era de apenas 30.000 euros.