España ha efectuado, desde la detección de la bacteria Xylella en la Unión Europea, 42 análisis de material vegetal importado, detectando dos positivos, según ha indicado el Gobierno, que avanza, asimismo, el refuerzo del Servicio de Inspección Fitosanitaria en Frontera y fondos para investigación.
Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por la diputada Rosana Pastor (GCUP-EC-EM) en el Congreso, en relación a los planes de actuación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).
El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica este martes 12 esta respuesta, que el Gobierno fecha el 27 de noviembre pasado.
El Ejecutivo contesta, así, en relación a los controles en frontera sobre material importado, que incluyen el análisis y muestreo sistemático del material susceptible de hospedar la bacteria.
Se ha incrementado un 20% la plantilla Inspectores de Sanidad Vegetal para asegurar la vigilancia
Este muestreo incluye el envío de muestras, aun no sintomáticas, al Laboratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Por otra parte, y en cuanto a los controles del material vegetal procedente de zonas demarcadas, ha recordado que este movimiento no se realiza a través de los Puntos de Inspección en Frontera y son las Comunidades Autónomas las competentes en su ejecución.
No obstante, desde el Mapama «se ha llevado a cabo una campaña divulgativa dirigida al público general», sobre las medidas para limitar la propagación de la bacteria, y «se han distribuido carteles explicativos en las terminales de viajeros de los puertos y aeropuertos, para lo que se ha contado con la colaboración de Puertos del Estado y de AENA».
Ha subrayado que, desde la detección de la bacteria en Baleares, se ha reforzado la plantilla de Inspectores de Sanidad Vegetal con 14 funcionarios de nuevo ingreso en enero de 2017; y además está prevista la incorporación de otros 17 inspectores en base a la Oferta de Empleo Público.
«Dado que actualmente el Servicio de Inspección Fitosanitaria en Frontera está compuesto por 87 inspectores, distribuidos en los 68 puntos de Inspección Fronteriza habilitados, esto va a suponer un incremento del 20% de una plantilla», ha especificado.
Ha informado de que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno completan las necesidades de personal mediante la contratación de personal interino «que permiten afrontar los picos de actividad en aplicación de las medidas de emergencia que, en materia de Sanidad Vegetal, dicta la Unión Europea, entre otras, la Decisión (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa».
Ha recordado que el Laboratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, designado por Orden Ministerial para realizar todos los análisis.
«Su función principal es determinar en los análisis si está presente o no la bacteria en las muestras que llegan al mismo procedentes tanto de las distintas Comunidades Autónomas españolas como de los Puntos de Inspección en Frontera», ha añadido.
eL mINISTERIO ASEGURA QUE «a fecha actual todavía no se ha recibido ningún expediente de indemnización»
Por otra parte, ha destacado que «desde 2014 se viene trabajando en una coordinación en la investigación de esta bacteria».
Además, está previsto que entre las líneas prioritarias derivadas del Plan Estatal I+D+I para este año, «haya una importante partida destinada a la investigación en materia de plagas vegetales» y, en este contexto, «se está ya estudiando financiar los proyectos de investigación relativos a esta bacteria».
Por otra parte, a nivel del Comité Fitosanitario Nacional, «se están coordinando todas las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Contingencia, como son las medidas de erradicación, contención y prospecciones contempladas en él».
Ha señalado que el Mapama «colabora financieramente» con las Comunidades en los gastos de las medidas, incluyendo las indemnizaciones a propietarios de las fincas afectadas de acuerdo con la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal con cargo al Capítulo 7 de los Presupuestos Generales del Estado para la Línea de Programas de Prevención y Lucha contra Plagas en Sanidad Vegetal.
«Las cantidades necesarias a tal fin se asignan teniendo en cuenta las solicitudes de las Comunidades Autónomas», ha añadido.
«Si bien esta línea presupuestaria no se distribuye por partidas, se puede confirmar que se ha atendido a la totalidad de la solicitud financiera hecha por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears», ha apuntado en la respuesta parlamentaria. Por último, ha indicado que «a fecha actual todavía no se ha recibido ningún expediente de indemnización«.
«También es necesario señalar que el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional, establece, en su artículo 18, que el lucro cesante no es objeto de indemnización», concluye.