Entre las regiones más afectadas por su prohibición estaría el Valle del Ebro, donde casi la totalidad de la semilla se trata con estos productos para protegerlas del virus del enanismo rugoso, así como Andalucía, con más de un 90% de cultivo tratado, y Extremadura, donde se aplican contra el gusano de alambre.
Según destaca el presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de España, José Luis Romeo, estos fitosanitarios son la tecnología "más avanzada que existe" y desde hace años se aplican buenas prácticas en su manejo, como el uso de deflectores que evitan que se esparza polvo al ambiente durante la siembra.
En el caso del girasol, la superficie de cultivo tratada con insecticidas supera el 40% del total, con más de 370.000 hectáreas.
72 organizaciones en contra
Esta postura llega después de que un total de 72 entidades han enviado una carta al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para reclamar el apoyo de España a la propuesta de la Comisión Europea de prohibición de tres plaguicidas neonicotinoides. Esta petición se basaen la evidencia de sus gravísimas repercusiones sobre las abejas y sobre la biodiversidad.
A principios del mes de enero, según señalan en una nota, tresdisctámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluían que el uso de los tres insecticidas neonicotinoides más comunes (imidacloprid, tiametoxam y clotianidina) utilizados como recubrimiento de semillas de algunos cultivos, como el girasol, la colza, el algodón y el maíz, presentan riesgos significativos para las abejas.
La importancia de la polinización para la seguridad alimentaria y para la biodiversidad es incuestionable. Solo en Europa el 84% de los cultivos y el 80% de las plantas silvestres dependen de la polinización animal, en particular de los insectos. La polinización tiene un enorme valor económico: solo para la agricultura europea se estima en unos 22mil millones auales de euros y a nivel mundial en unos 153 mil millones anuales de euros. Pero su importancia ecológica es aún mayor, siendo absolutamente fundamental para la conservación de la biodiversidad.
Durante los últimos 15 años los neonicotinoides, según estas organizaciones, se han convertido en los insecticidas más utilizados y con más rápida expansión en el mundo. Aunque promovidos por la industria como plaguicidas “benignos”, su acción sistémica (penetran en la planta a través de la savia, haciéndola tóxica a los insectos) les convierte en peligrosos neurotóxicos, habiéndose demostrado que afectan gravemente a las abejas y a otros insectos beneficiosos, así como a invertebrados del suelo fundamentales para su fertilidad. El Imidacloprid de Bayer, por ejemplo, se considera uno de los responsables del colapso de las poblaciones de abejas y es muy tóxico para otros insectos beneficiosos, incluyendo importantes invertebrados acuáticos y edáficos. También tiene efectos tóxicos agudos sobre las aves.
En 2012 científicos europeos del Grupo de Acción sobre Pesticidas Sistémicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza asociaban la disminución catastrófica de abejas, mariposas, escarabajos y hormigas en el continente europeo a la utilización de estos insecticidas, por lo que alertaban sobre su peligrosidad. Ante las crecientes evidencias de ello, varios países europeos como Alemania, Eslovenia, Francia e Italia han prohibido o restringido la utilización de estos plaguicidas.
A petición de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y a la vista de los recientes dictámenes de la EFSA, la Comisión Europea ha propuesto la prohibición de tres de los productos neonicotinoides más utilizados. Esta propuesta, que se decidirá próximamente, ha sido acogida favorablemente por una mayoría de países, exceptuando el Reino Unido, Hungría y España.
Paradójicamente, indican, España posee la mayor cabaña apícola y es también el principal productor de miel y polen de la UE. Proteger a las abejas y a los apicultores, con todos los beneficios que ello supone para el medio ambiente y la agricultura, es proteger también un medio rural vivo y generador de empleo. Por todo ello 72 entidades se han dirigido al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente reclamando el apoyo de España a la propuesta de la Comisión.