Considera que esta práctica se reputará como abusiva cuando pueda inducir a error a los consumidores a cerca del nivel de precios de otros productos o servicios del establecimiento, en particular cuando el precio del producto sea publicitado fuera del establecimiento.
También cuando pueda deteriorar o banalizar la imagen de un producto o una marca, y cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
Otras enmiendas del PNV modifican artículos que, en su opinión, vulneran las competencias autonómicas, como es el caso de la potestad sancionadora que se reserva el Estado en el proyecto de Ley, incluso cuando las partes contratantes tienen sus sedes sociales en la misma Comunidad Autónoma, alegando que el contrato puede afectar a un ámbito superior.
El grupo vasco considera esta disposición "abusiva y vulneradora de unas ya mermadas competencias autonómicas". En la misma línea va otra enmienda que busca dejar claro que la propuesta Agencia de Información y Control Alimentarios se constituye para el "control de mercados", lo cual "no debe confundir ni interferir en las funciones en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria", ambas transferidas a las Comunidades Autónomas.
Además, el PNV introduce lo que considera mejoras técnicas al articulado en la definición del grado de infracciones y sanciones prevista y en el incumplimiento de los plazos legales de pago.
Aboga, asimismo, por prohibir la gestión de marcas que discrimine a la marca de fabricante en beneficio de la de distribuidor, salvo que esté objetivamente justificada por razón de su eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
Otra enmienda apunta que los contratos consignen el precio unitario, con expresa indicación de todos los pagos y descuentos aplicables, para evitar la proliferación de estos últimos fuera del contrato y de la factura, una práctica "que tiene efectos inflacionarios y ha sido prohibida también en Francia", añade