En una declaración en la que se ha referido sólo a cuestiones relativas a la crecida, el presidente del Gobierno ha garantizado rapidez y flexibilidad en la aplicación de las medidas incluidas en el decreto y ha asegurado que se gastará "todo aquello que sea preciso" para paliar los daños.

     Ha explicado que no hay una estimación definitiva de los mismos y que, por ello, la cuantía de las ayudas no están cerradas a la espera de conocer el balance definitivo.

     Rajoy ha sido preguntado por las críticas que le dirigió el secretario general del PSOE por no haber acudido antes a visitar las zonas afectadas por la inundación y ha subrayado que los políticos están principalmente para resolver problemas y ha explicado que el Gobierno ha aprobado "con diligencia" un decreto ley para paliar los daños.

     "Aprovechar estas cosas para hacer política e, incluso, sobreactuar, sinceramente yo no puedo hacerlo ni debo hacerlo", ha señalado el presidente, quien, a renglón seguido, ha precisado que si Sánchez considera que esa actuación le sirve para algo, "allá él".

Solidaridad con los afectados y enfado de los alcaldes ante la falta de previsión


     En su reunión con los alcaldes de los municipios afectados, Rajoy les ha trasladado su solidaridad y les ha explicado que el decreto aprobado hoy se podrá aplicar para hipotéticos nuevos daños que pueda haber hasta el 31 de mayo próximo sin necesidad de aprobar uno nuevo.

     Las medidas se aplicarán a todos los municipios afectados y pretenden paliar daños de diverso tipo, tanto en infraestructuras como en bienes personales, de forma especial en el sector agropecuario.

     Para todos los trámites de restauración de infraestructuras se aplicará el trámite de urgencia y habrá una serie de beneficios fiscales, laborales y en materia de Seguridad Social para los municipios.

     "Tanto el Gobierno de España como la comunidad autónoma gastarán todo aquello que sea preciso para que la situación vuelva a donde estaba antes de las graves inundaciones", ha asegurado el presidente en su declaración a los periodistas.

      Los alcaldes, según fuentes asistentes al encuentro con el presidente del Gobierno, le han trasladado su malestar por el fallo que hubo en las previsiones respecto a la magnitud de la riada.

UAGA califica de "cojo" decreto ayudas, ya que no cubrirán las pérdidas

     Pero las buenas palabras no han tenido mucho eco en las organizaciones agrarias, que han criticado las ayudas previstas para el sector. Así, la Unió de Agricultores y Ganaderos de Aragó (UAGA) ha señalado que se queda "cojo" el decreto de ayudas, ya que no alcanzará a cubrir las pérdidas sufridas por todos los afectados.

     La organización agraria ha reclamado que se declare como "desastre natural" la zona del valle afectada por las inundaciones para que "se pueda indemnizar a los afectados al ciento por ciento, sin depender de que tengan o no suscritos seguros agrarios".

     "Está demostrado que ha sido una riada muy superior a las habidas en los últimos 50 años, incluso a la de 1961, ya que hay parcelas que entonces no se vieron inundadas y ahora sí", ha destacado en un comunicado el sindicato agrario,

    En su opinión, las ayudas anunciadas por el Gobierno, aunque se trata de una cifra abierta a la espera de que se puedan evaluar todas las pérdidas, "es insuficiente para reparar los daños sufridos por los agricultores y ganaderos".

     Al respecto, ha advertido que, como en la crecida de 2013, el decreto se centra en las infraestructuras de dominio público, por lo que la organización exige "la reposición inmediata también de las infraestructuras agrícolas y ganaderas".

UPA cree que las ayudas por las inundaciones son insuficientes


      Por su parte, la organización agraria UPA ve insuficientes los apoyos anunciados por el Gobierno por los desbordamientos de ríos -los agricultores estiman las pérdidas en más de 50 millones de euros sólo en el Valle del Ebro- y pide que las ayudas cubran el cien por cien de los daños. Así lo ha indicado en un comunicado en el que reclama al Gobierno que "capitanee un cambio en la normativa medioambiental europea para que se puedan limpiar los cauces de los ríos de España".

     En su opinión, el desbordamiento del río Ebro ha demostrado que los cauces "están colapsados" y que avenidas de agua menores que otros años provocan mayores desbordamientos. "Es absurdo blindar por decreto" un río e impedir su limpieza cuando los daños en las riberas son más graves año tras año, ha apuntado.

     UPA cifra las pérdidas en más de 50 millones de euros en el Valle del Ebro, con 21.000 hectáreas agrícolas destrozadas y 2.200 agricultores muy afectados sólo en Aragón, a lo que se suman los 12.000 animales muertos ahogados.

      "Si no se limpia el río, estaremos dejando sin opciones de vida a los habitantes de las riberas, que básicamente se dedican a la agricultura y la ganadería", ha planteado el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, en el comunicado.

       Además de los daños en las tierras agrarias, ha indicado que los pueblos de las zonas ribereñas y las infraestructuras también han sufrido graves daños "que deben ser reparados cuanto antes".

      El decreto ley establece también que los agricultores que todavía no habían suscrito el seguro agrario de este año, porque aún no había comenzado la siembra de sus cultivos, pero que sí lo habían contratado en la última campaña, también serán indemnizados. Sin embargo UPA ha pedido que las ayudas se destinen a "todos los afectados" y "no sólo a los que contrataron un seguro el año pasado" porque a su juicio "es una discriminación injusta".

ASAJA pide infraestructuras para evitar problemas de inundaciones

      Finalmente, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha exigido la ejecución de "más obras e infraestructuras" para evitar situaciones como las que han provocado inundaciones en la agricultura y la ganadería, especialmente en el curso del río Ebro a su paso por Navarra y la provincia de Zaragoza.

     Durante una jornada celebrada en Ávila, con motivo de los veinticinco años que ha cumplido la organización en esta provincia, Barato se ha referido a las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros, señalando que "donde hay pantanos no ha habido problemas con el agua", por lo que "hay que hacer más obras e infraestructuras y menos caso a agoreros que se llevan muchas subvenciones de los gobiernos", pero se muestran contrarios a limpiar los cauces porque "se acaba con no sé qué bicho o no sé qué gusano", ha declarado a los periodistas.

      El objetivo, ha continuado, es el de "ordenar" las cuencas de los ríos y que las inversiones sean enfocadas a la regulación del agua, dado que España es un país "escaso de infraestructuras".

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