Para Huertas, los asuntos que realmente preocupan a los agricultores y ganaderos no están recogidos en la Ley: “No se habla de de la falta de financiación del sector, como demuestra la complicada situación del movimiento cooperativo extremeño, derivada de la falta de liquidez. Tampoco de los problemas con la negociación con los precios o los altos costes de producción que tenemos los agricultores y ganaderos y que han generado una caída en la renta agraria del 7,6%”.
Según Huertas la difícil situación que viven agricultores, ganaderos y el movimiento cooperativo “sigue sin respuesta tras cuatro años de gobierno del Partido Popular en la región” y añade que esto no se debe a problemas de interlocución, sino “de la gestión del GOBEX”.
En este sentido, desde UPA-UCE señalan que esta ley pone de manifiesto “la falta de proyecto agrario del Gobierno extremeño” y recuerdan que políticas autonómicas fundamentales como el apoyo a los seguros agrarios “siguen recortadas”.
Sobre el tema de la consulta para definir la representatividad agraria, Huertas aclara de desde UPA-UCE Extremadura sí quieren elecciones al campo “pero no consultas sin garantías democráticas para que voten personas y empresas ajenas al sector agrario”. Según el secretario general de UPA-UCE, es necesario configurar un proceso electoral transparente y basado en la Ley Electoral, con un censo en el que participen los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería: “No es de recibo que el futuro del sector agrario lo decidan personas que nada tienen que ver con el campo”, en referencia a que con esta consulta se abre la puerta a que constructoras o abogados puedan participar en las votaciones.
Por todo esto, UPA-UCE destaca que esta ley lejos de ser, como ha planteado el Consejero Echávarri, “una norma importante e innovadora para el campo extremeño”, lo que supone es una ley que no da respuesta a los problemas del sector; que pretende esconder una “gestión nefasta” del Gobierno extremeño en materia agraria; y con corto recorrido por la falta de consenso político-social y por aprobarse “en el tiempo de descuento” de la legislatura, con la pretensión de tapar la “ausencia de proyecto” para el campo extremeño.