Reclaman un análisis serio de la labor de los Grupo ROCA ante la persistencia de robos

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       AEn opinión de la organización agraria y en base a los datos oficiales, "no se ha obtenido una mejora apreciable de la situación. Desde el mes de marzo pasado, en el que se computaban desde enero 6.235 delitos y robos con fuerza (-10,6 % respecto de enero-marzo 2013), se han sumado a la estadística en sólo dos meses (abril y mayo), otros 3.700 episodios delictivos".

       La Unión de Uniones valora el trabajo de los grupos ROCA pero ve necesario r"eforzar los medios disponibles para poner freno a la escalada de robos que el campo español lleva sufriendo los años 2011, 2012 y 2013, cuando se experimentó un aumento de los mismos del 16%".

       La Unión considera que transcurrido casi un año desde su puesta en marcha debe realizarse un análisis de la política de lucha contra la delincuencia que sufren los agricultores y ganaderos en sus explotaciones.

En sólo tres regiones, las dos terceras partes de las infracciones.

     De las 17 Comunidades Autónomas, tres de ellas suman el 66% del total de las infracciones en explotaciones agrarias en España: Andalucía, con 3.453; Comunidad Valenciana, con 1.760; y Castilla-La Mancha, con 1.340.  Por ellos, creen que la situación del sector agrario español respecto de esta cuestión sigue siendo grave, sobre todo si la referimos a la de nuestro país vecino, Francia, en donde el número de robos contabilizados entre enero y mayo de este año ha sido de 4.483, menos de la mitad que en España y donde los sindicatos agrarios consideran ya la situación insostenible desde su perspectiva.

      La comparativa refuerza la posición de la Unión de Uniones a la hora de reclamar medidas que sirvan para frenar la delincuencia en el campo, en primer lugar a través de aumentar el número de efectivos policiales en las zonas rurales más vulnerables y un aumento de la vigilancia; pero también a través de medidas coercitivas que hagan desistir la comisión de sustracciones.

      En este sentido la reforma del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre del pasado año, sigue estancada en su proceso de trámite parlamentario cuando debería haber sido tramitada por vía de urgencia porque por primera ocasión contiene aspectos para mitigar o disuadir los robos en el campo.

      Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.