Reforma PAC: el campo mira hacia Europa, pero la guerra se librará en España

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EFE.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará en breve a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial para analizar qué sistema se utilizará, porque todo apunta a que España tendrá bastante flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC.

Además, en el último Consejo de Presidencia irlandesa, previsto para finales de junio, podría cerrarse el reglamento de reforma, aunque algunas fuentes retrasan a julio o incluso hasta septiembre los acuerdos finales, por las diferencias en el "trílogo".

Algunas cálculos del sector apuntan a un descenso del 14,2 % de los fondos (-13,6 % en el primer pilar y -16,9 % en el segundo), pero el Gobierno insiste en que España no perderá y consolidará 35.705 millones en pagos directos para el nuevo periodo 2014-2020 y 8.300 para desarrollo rural, un 3 % más que entre 2007 y 2013.

En cambio, el Ejecutivo sí se reconoce preocupado ante la posición de la Comisión Europea, que quiere una convergencia que puede desembocar en transferencia de ingresos entre agricultores.

En la negociación "española", el Gobierno podría proponer un reparto de las ayudas en función de nuevas regiones agrícolas homogéneas -con agriculturas y ganaderías similares-, y que no tienen por qué coincidir, ni corresponder con las autonomías administrativas actuales.

Todas las regiones se juegan mucho y también los cultivos que pugnan entre sí por no ser los paganos de los recortes -olivar, tabaco, algodón o tomate industrial- están muy preocupados.

El diálogo con las comunidades autónomas "no será una cosa pacífica", tal y como reconocía recientemente el ministro Miguel Arias Cañete, a quien, en su anterior etapa ministerial, Cataluña impugnó ante el Tribunal Constitucional su apuesta por una política agraria "nacional".

Las advertencias ministeriales son claras: se aplicarán unas reglas de juego a nivel nacional para evitar que emerjan 17 políticas agrícolas, lo que no significa -según puntualizan- que haya las mismas ayudas para toda España y para todos sus sectores.

Murcia aspira a mantener los fondos operativos que potencian su industria de frutas y hortalizas; Andalucía quiere garantías para olivareros y productores de cultivos industriales; Castilla y León pone énfasis en medidas de mercado, como stocks estratégicos de grano para la ganadería -y ayudas acopladas en la granja- y Galicia y cornisa cantábrica abogan por apoyos para el lácteo y el rural.

Castilla-La Mancha y La Rioja están más tranquilas porque se mantienen los derechos de plantación de viñedo hasta final de 2018 -se implanta a partir de 2019 un sistema de autorizaciones que limite la producción-, pero mantienen algunas incertidumbres sobre el cheque agrícola; y Canarias y Baleares reclaman un tratamiento diferenciada por su insularidad.

Así las cosas, la Unión Europea no sólo tiene el difícil reto de avanzar en la convergencia entre lo que reciben viejos y nuevos estados, sino también que haya más legitimidad y equidad en un sistema cuestionado.

Francia cuenta con apenas 390.000 perceptores y Alemania, unos 350.000, mientras que en España se acercan al millón, por lo que las ayudas medias caen en nuestro país a 5.600 euros frente a los 21.000 de los campesinos franceses o los 17.000 de los germanos.

Además, en algunos ejercicios, Madrid fue la ciudad donde residía el mayor número de beneficiarios que cobraban de la PAC (unos 11.000), así como 1.800 entidades jurídicas que, en algunos casos, son propietarias de cultivos de secano y poco intensivos en mano de obra que pueden gestionar a tiempo parcial desde la capital.

Unos 975.000 perceptores se reparten 7.000 millones anuales en España, pero el 1,36 % ellos acapara el 24,33 % de la ficha; mientras tanto, el 48,71 % apenas se queda con 1.250 euros al año, es decir el 4,03 % de del montante global.

De un lado, las ayudas representan una cuarta parte de las rentas de muchos granjeros profesionales, pero también figura un gran número de "agricultores de sofá" y perceptores difícilmente justificables: multinacionales, minas, clubes de golf, pádel, caza o tiro al plato, yeguadas, eléctricas, inmobiliarias, constructoras, hospitales, autoescuelas o, incluso, una central nuclear.

Por otra parte, y pese a las incertidumbres, España respira más tranquila tras algunos avances en la negociación: se ha eliminado la obligación de que haya un mismo importe de ayudas o "tarifa plana" para los agricultores en 2019, se ha flexibilizado el componente verde ("greening") y habrá ayudas acopladas para sectores en riesgo.

Se limitarán las hectáreas con derecho a ayuda -la propuesta inicial hubiera incorporado 17 millones de hectáreas al sistema, lo que hubiera derrumbado a la mitad las ayudas por titular-, se prorrogan cuotas de azúcar y, en desarrollo rural, podrá implantarse un programa nacional para impulsar proyectos supraautonómicos.

Entre los mayores cambios que trae la nueva PAC, las ayudas ya no se basarán en referencias históricas, sino que se vincularán a la hectárea y, además, habrá un fondo de innovación y un nuevo mecanismo de estabilización de rentas.

Entre los asuntos más abiertos, los Estados podrán transferir hasta un 15 % de los pagos entre los dos pilares de la PAC.

La respuesta fácil para muchos sería pasar ayudas de desarrollo rural, que muchas regiones no podrían cofinanciar por la complicada situación de sus arcas, hacia los pagos directos: esto, supondría más apoyo para el agricultor, pero quizás un freno para políticas vinculadas a la mejora de la competitividad y diversificación rural.