Álvarez explicó que la decisión del Tribunal Supremo supone la anulación de un decreto, pero no implica la desaparición de los órganos de gestión del parque ni de otras figuras de protección de la zona.

    A su juicio, la falta de un plan rector ralentiza las actuaciones necesarias para la zona, por lo que juzga conveniente para todas las partes que la elaboración del nuevo documento se lleve a cabo cuanto antes. Así, considera oportuno trabajar con unos “márgenes de tiempo prudentes, pero no excesivamente largos”.

    “La ausencia de un plan rector complica la gestión del espacio y eso no es bueno para nadie, ni para las personas que trabajan y viven dentro de él, ni para el propio parque natural”, agregó.

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