Seis CC.AA. piden al Estado que aclare su aportación real a los fondos de desarrollo rural

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    En cuanto a la petición de solicitar una Conferencia Sectorial Extraordinaria, Elena Víboras ha puntualizado que esta iniciativa no parte de Andalucía, “que es la única comunidad a la que se le han recortado fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), sino de Castilla y León y otras comunidades que reciben más fondos para el desarrollo rural que en el marco anterior, (2007-2013)”.

   “Esto pone de manifiesto el descontento con las decisiones del Ministerio, incluso entre las comunidades, en principio, beneficiadas”, ha asegurado la consejera, que ha aclarado que Andalucía se ha adherido a esta petición porque, “al margen del reparto de los fondos Feader, con el que no podemos estar de acuerdo debido a la pérdida de 211 millones de euros, tampoco compartimos que el Estado reduzca su cuota de financiación, que nos hará perder, en total, 258 millones de euros”.

Las CCAA que reciben más dinero tiene que aportar más de sus propios fondos

    En cuanto al reparto de estos fondos para el desarrollo rural, la responsable de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha explicado que “el problema radica en que hay comunidades autónomas que, al recibir más partidas de Feader, tendrán que comprometer también más financiación propia para los programas de desarrollo rural y si el Gobierno limita la participación estatal, tendrán que hacer un esfuerzo mayor”.

   Asimismo, ha recordado que, “desde el principio, Andalucía denunció que el reparto de los fondos Feader se había realizado con oscurantismo, sin que nos explicaran los criterios objetivos y con una propuesta entregada en sobre cerrado del Ministerio a cada comunidad”. “Sin embargo, ahora hay comunidades que temen no poder ejecutar todos los fondos que reciben”, ha lamentado la consejera.

   Por todo ello, Víboras se ha mostrado confiada en que “con esta conferencia sectorial extraordinaria que se ha solicitado este lunes día 10 pueda abrirse un debate con criterios claros y razonados y permita que las decisiones se tomen por acuerdo de todas las comunidades autónomas, como había sido hasta ahora en la aplicación de la PAC”.