La Asociación Instituto de Investigación de Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, ante la el cúmulo de acontecimientos de los últimos días relacionados con el reto demográfico y la despoblación, reivindica el reconocimiento a su contribución para que la Eurocámara aprobara un acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

El 27 de septiembre del 2018, Francisco y Pilar Burillo se reunieron en Bruselas con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Valcárcel y su equipo. Les expusieron la importancia del acuerdo nº 2016 / 0393 de la Comisión Europea, que señalaba que se debía añadir a las tipologías territoriales de NUTs 2, o Regiones, y NUT 3, o provincias, otras nuevas que delimitaran las áreas rurales y urbanas. El objetivo, que Eurostat pueda ofrecer una información fidedigna “para reducir las disparidades entre las regiones europeas y fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las regiones y zonas desfavorecidas, en el marco de la política de cohesión y desarrollo territorial”.

Si bien las áreas urbanas ya estaban definidas desde el año 2000, como “Áreas Urbanas Funcionales”, faltaba por definir las áreas rurales, labor que ha sido realizada por la investigadora Pilar Burillo, en el marco del Instituto Serranía Celtibérica. El vicepresidente del Parlamento Europeo pudo conocer, en ese encuentro, el mapa de Europa meridional, realizado agrupando municipios hasta formar territorios continuos por debajo de 8 hab/km2 y de 12,5 hab/km2.

Estos criterios demográficos venían siendo defendidos por la Unión Europea para definir las áreas de baja demografía. Las de menos de 8 hab/km2, en el Tratado de Adhesión de Finlandia y Suecia de 1994; las de menos de 12,5 hab/km2, por ESPON, al observar que las NUT 3 o provincias no reflejaban la realidad y proponer la delimitación de interregiones por agrupación de entidades locales que permiten visibilizar la situación real.

La aplicación a España de estos criterios por Pilar Burillo cambió rotundamente la visión de la situación de la despoblación. De considerar sólo tres provincias despobladas por debajo de 12,5 hab/km2, Teruel, Soria y Cuenca, con un total de 657 municipios, se ha pasado a 10 áreas escasamente pobladas, o SESPAs, por debajo de este índice que incluyen 4.375 municipios de toda España, y que ocupan todas las comunidades autónomas con la sola excepción de Murcia, Islas Baleares, Islas Canarias, Melilla y Ceuta.  De ellas existen dos interregiones por debajo 8 hab/Km2, la Serranía Celtibérica y la Franja con Portugal, que han de considerarse en situación de catástrofe demográfica y que necesitan unas medidas urgentes para revertir la lacra de la despoblación.

Lo más sorprendente de este estudio es que al ampliarlo a toda Europa meridional evidenciaba que España, con el 53,95 %, de su territorio por debajo de 12,5 hab/km2, encabeza, con creces, los países de baja demografía por despoblación de Europa. El siguiente es Portugal, con el 24%.

Este mapa de las zonas escasamente pobladas del Sur de Europa es el que hizo que Valcárcel, junto con otros siete europarlamentarios del PP, presentaran una alegación al reglamento de los fondos 2021–2027, al artículo correspondiente a las áreas que enfrentan desventajas y desafíos naturales o demográficos, de forma que éstas fueran destinatarias de los fondos FEDER y se aplicara el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las “las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, en zonas escasamente pobladas, o inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas muy escasamente pobladas”.

La aprobación de esta alegación, el 27 de marzo, marca una fecha histórica en la lucha contra la despoblación, ya que supuso que estos territorios sean finalistas del 5% de los fondos FEDER, lo que supondrá para España una cantidad en torno a los 1.200 millones de euros. Pero lo más importante es la discriminación positiva que supondrá la aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que desde hace tiempo ya se viene aplicando a las islas ultraperiféricas, como es el caso de Islas Canarias.

Con la aplicación del nuevo Reglamento, se favorecerá la creación de empleo, mediante la aplicación a las empresas de un IVA del 7% y de un impuesto de sociedades del 4%. Se solucionarán, además, los problemas sanitarios que desencadenaron la reciente manifestación en Teruel y en otros puntos de la España Abandonada, pues su personal se beneficiará de un incremento salarial y de importantes descuentos fiscales si fijan sus domicilios familiares en estos territorios.

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