EFE.- Así lo ha asegurado hoy en el Congreso a preguntas del diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jon Iñarritu García, quien ha asegurado que dos décadas cultivos de transgénicos han demostrado «las falacias de los posibles beneficios que se les atribuyen, ni responde mejora a las necesidades de los consumidores ni reducen los costes de los productores, ni permiten un uso más racional de tierra y del agua».

Ha asegurado que muy al contrario han encendido todas las alarmas, que el rechazo ciudadano a los transgénicos ha aumentado.

En este sentido ha señalado que diez estados de la UE han prohibido el cultivo de transgénicos en base a evidencias científicas por sus impactos ambientales y sociales.

Ha preguntado si este avance es para que España produzca «lo que otros no quieren producir y se convierta en un basurero ecológico».

Isabel García Tejerina ha asegurado que el procedimiento actual de aprobación de transgénicos requiere mayoría cualificada y que eso provoca una permanente confrontación de opiniones aún cuando estos OGM cuenta con opinión favorable de la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria con lo que muchas veces es la Comisión la que debe adoptar la decisión de su aprobación.

«Muchos estados aducen aplicación de cláusulas de salvaguardas basándose en argumentos científico siempre dudosos y rechazados por la Agencia», ha indicado.

Ha precisado que de esta forma se está produciendo «un bloqueo que convierte a la UE en una isla en el mundo en términos de retraso biotecnológico que está perjudicado la competitividad del sector agroalimentario» mientras se produce un avance en todas las demás áreas del mundo.

Por ello ha reiterado que el objetivo era desbloquear la situación, manteniendo el ámbito comunitario de decisión sobre nuevas autorizaciones de cultivos modificados genéticamente y el papel de la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, con todas sus garantías, de que estos cultivos se desarrollen sin impacto negativo para la salud de las personas y el medioambiente.

Ha matizado que en el nuevo marco un estado puede solicitar ser excluido y que una vez autorizado dicho estado puede adoptar medidas para excluir el cultivo de ese OGM en su territorio, pero «basándose en criterios distintos de aquellos que garantizan la seguridad de las personas y del medio ambiente que garantiza la Agencia», ha detallado.

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