Todos aplauden la nueva ley de la cadena alimentaria… aunque a ninguno le guste

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    Y es posiblemente este concepto el que más valor tiene en estos momentos. Nunca antes nadie se había atrevido a hacer una ley de estas características, sino que se habían limitado a arbitrar medidas aisladas para intentar solventar los conflictos que se iban creando. Por eso, el valor de esta ley, quizás, no esté en su contenido, sino en la valentía de hacerla y en lograr, aunque suene paradójico, que nadie esté completamente satisfecho, lo que implica cierto equilibrio entre las pretensiones de todas las partes, que no es poco.

   Pero a ese ‘arrebato’ de sinceridad del ministro, su departamento defiende la validez del proyecto a capa y espada, conscietes de que pese a sus supuestas carencias se busca "mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Al mismo tiempo, la ley reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, lo que redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores".

Unos objetivos claros

    Para lograr sus objetivos, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.

    Con dichos contratos, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En ellos se deberán incorporar los elementos esenciales de los mismos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración, pactados libremente por las partes.

    En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las clausulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.

    Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el correspondiente contrato.  

Autorregulación

    Por otra parte, la autorregulación de las relaciones comerciales se basa en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución

    Dicho Código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello, se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena  que se adscriban a este código.

    No obstante, la ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal.

    Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.  

Régimen de control

    Por otra parte, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios. En general, la nueva agencia desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente.

    Asimimso, se crea la figura del mediador, una de las grandes demandas de parte del sector, pero que a la vez ha recibido la mayor de las críticas, dado que su papel se ha quedado a mitad de camino, al tener un carácter más de beuna voluntad que efectivo, tal vez porque era complicado incluir una figura que sólo gusta a una parte y que pudiera ser aceptada por todos.

Reacciones

   Por eso, ante esta ley las reacciones de organizaciones agrarias, cooperativas, la industria y hasta el sector de los supermercados han ido difiriendo en función de sus intereses, aunque todos respeten que se haya tenido la valentía política de hacer una ley que era necesaria.
 
   Por resumir las posturas mostradas, desde ASAJA se destacan "las medidas que respaldarán a los agricultores y ganaderos, con esta nueva ley, el principal favorecido será el consumidor y, por tanto, toda la sociedad se beneficiará de su puesta en marcha", mientras que COAG, quizás las más claramente opuesta a determinados postulados, se hace hincapié en que era "necesaria e imprescindible" pero que "nace seriamente limitada", por lo que cree que "se ha perdido una oportunidad para hacer una ley verdaderamente efectiva". Tampoco UPA, se muestra muy satisfecha, al señalar que ha faltado "valentía política para rematar un trabajo de años" para reequilibrar la cadena agroalimentaria, y que, al final, se trata de "una oportunidad perdida".

   Desde Cooperativas Agroalimentarias  de España, la valoración es más positiva que negativa, porque va a permitir "una revalorización de los productos agrarios, una mejor distribución del valor a lo largo de la cadena y unas mejores condiciones económicas del sector productor", sin embargo es consciente de que tras este proyecto hay mucho de buena voluntad que de verdadero control, por lo que exige que ahora "confiamos en la voluntad de todos los integrantes de la cadena agroalimentaria y el Magrama, que permita culminar esta normativa".

    Por su parte, la Asociación de fabricantes de productos de marca (Promarca) aplaude la aprobación de la Ley, que "supone un paso en la buena dirección para reequilibrar las relaciones a lo largo de la cadena alimentaria" y que califica como "valiente y pionera", aunque reconocen que "no se recogen todas las peticiones de la industria".

   Por último, la Asociación de Cadenas de Supermecados de España afirma que cumplirán la ley "escrupulosamente" y advierte que, "es responsabilidad de las administraciones evitar que se produzcan efectos perversos o no queridos que nos lleven a costes administrativos desproporcionados, a una distorsión en los modelos empresariales".

    En definitiva, una ley que todos querían, pero a su gusto, sin concesiones, pero una ley al fin y al cabo que era necesaria y que va a servir de ejemplo al resto de Europa, porque es la más avanzada de toda la Unión Europea. Por eso, todos la aplauden, aunque a ninguno le guste del todo,