El problema de la valoración de las organizaciones agrarias es que cada cual tiene unos interes distintos, incluso dentro de la misma organización, lo que provoca que si se habla de Andalucía las reacciones dentro de una misma organización difiera de lo que digan sus compañeros de otra región española más favorecida.
ASAJA Sevilla, satisfecha con la comarcalización y la ayuda a la ganadería
ASAJA-Sevilla valora el acuerdo alcanzado en Madrid que "consagra la comarcalización de las ayudas agrarias que permitirá mantener la diversidad productiva de Andalucía, y fija un marco estable para desarrollar la actividad agraria durante los próximos cinco años". Con este modelo se aparca definitivamente la “tasa plana”, cuya implantación hubiera supuesto la pérdida de más de 1.000 millones de euros anuales para los agricultores y ganaderos andaluces.
Sin conocer el detalle de las comarcas ven que es positivo que se hayan establecido entre 22 y 24 y no solo 10 como llegó a barajarse en algún momento. "Esto permitirá reflejar mejor la diversidad productiva de la agricultura española y favorece a Andalucía", señala en una nota.
El acuerdo consolida además el concepto de “agricultura y ganadería activa” como hecho generador del acceso a los pagos de la PAC, lo que impide que aquellas tierras sin una actividad agraria o ganadera real puedan acceder a las ayudas. En lo referente a las ayudas acopladas, se fija como prioridad el sector ganadero, sector verdaderamente en riesgo, "que contará con el balón de oxígeno de estas ayudas que irán ligadas a la actividad ganadera y al mantenimiento de la cabaña". Junto a la ganadería recibirán también pagos acoplados la remolacha, el arroz, el tomate, los frutos de cáscara, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad. El acuerdo permite además que en 2016 se puedan revisar los sectores en riesgo necesitados de estos pagos adicionales.
En cuanto a la valoración económica y a expensas de conocer todos los detalles, que se sabrán cuando se vaya articulando el nuevo sistema, consideramos que el saldo final de las ayudas directas para los agricultores y ganaderos andaluces "no va a sufrir reducciones significativas, y se situarán por debajo del 2%". No obstante, la valoración individual de cada agricultor y ganadero no se conocerá hasta bien avanzado 2015, ya que no responde a un patrón homogéneo.
En lo que respecta al desarrollo rural, desde ASAJA-Sevilla "lamentamos que se rebajen las pretensiones iniciales de Andalucía, pero valoramos el coeficiente estabilizador que el Ministerio de Agricultura ha introducido en el acuerdo y por el que todas las CC.AA. mantendrán como mínimo el 90% de los fondos de desarrollo rural que llegaban hasta ahora a su territorio y ninguna recibirá más de un 110% de lo que ahora recibe".
Desde ASAJA-Sevilla tenemos que valorar el esfuerzo negociador desarrollado a lo largo de estos dos años por el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y por el anterior consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, que "en un espíritu de colaboración sin precedentes cerraron satisfactoriamente la fase comunitaria de la negociación y sentaron las bases del modelo nacional, asimismo, es de valorar la tenacidad que la titular actual de la Consejería de Agricultura, Elena Víboras, ha mostrado en este último tramo de las negociaciones".
UCCL se muestra desalentado y pide una reunión urgente con la consejera
Para UCCL, "resulta, ciertamente, desalentador que no se haya aprovechado esta ocasión para establecer que las ayudas directas tengan como destinatarios a los agricultores y ganaderos que realmente tienen la actividad agraria como principal y cumplen las exigencias legales en materia fiscal y con la Seguridad Social". Según señala en un comunicado, Una vez concluida la reunión y teniendo en cuenta la importancia que, de cara al futuro, tendrá para el colectivo agrario de nuestra región los temas tratados en la reunión, La UCCL considera necesario que, con carácter de urgencia, la Consejera de Agricultura, Silvia Clemente, convoque a las Organizaciones Agrarias, al objeto de informar del desarrollo de la reunión, y valorar los acuerdos que sobre la aplicación de la PAC, se hayan podido alcanzar.
Según lo publicado, para esta Organización resulta, ciertamente, desalentador que no se haya aprovechado esta ocasión para establecer que las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC), tengan como destinatarios a los agricultores y ganaderos que realmente tienen la actividad agraria como principal y cumplen las exigencias legales en materia fiscal y con la Seguridad Social.
El Sindicato Labrego cree que se vuelve a "dilapidar" el dinero
El Sindicato Labrego Galego (SLG) considera que la aplicación de la PAC "perjudicará gravemente" a los sectores estratégicos gallegos como la huerta, el vino o la carne de vacuno. Asimismo, considera que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete hará "oídos sordos" a las propuestas del COAG y del SLG y "consumará una política que hará una foto fija de la dilapidación millonaria de fondos comunitarios que se perpetró en años pasados y que de poco sirvió para apoyar las actividades agroganaderas y a las explotaciones profesionales".
El SLG ha defendido medidas destinadas a que el dinero de al PAC vaya "realmente a apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones" que mantienen con vida el medio rural y generan empleo agrario, como definir quién es agricultor activo para que las ayudas vayan realmente a profesionales de la agricultura. Otra de las propuestas de este sindicato era llevar a cabo un reparto progresivo de las subvenciones para que el grueso fuese a parar a las explotaciones y a la producción de alimentos, lo cual "cayó en saco roto".
La decisión del ministerio es considerar activo a aquella persona o empresa que tenga, por lo menos, el 20 por ciento de sus ingresos provenientes de esta actividad, un porcentaje "a todas luces insuficiente". Con esta situación, el SLG advierte de que el ministerio mantendrá un reparto de fondos semejante al año 2011, en el que casi 900.000 personas y empresas cobraron ayudas de la PAC, pese a que "el número de cotizantes a la Seguridad Social Agraria está en unos 300.000". "Es decir, dos tercios de los perceptores de las ayudas seguirán sin tener relación con la actividad agraria", ha denunciado.
Por otro lado, también critica como otra de las carencias la aportación estatal a los fondos de desarrollo rural, que se reducen del 50 al 30 por ciento, quedando el resto en manos de las autonomías, algo "muy peligroso en época de drásticos recortes que puede poner en peligro los fondos de Bruselas si las comunidades no cumplen con su parte".
Así las cosas, el Sindicato Labrego Galego considera "injustificable el triunfalismo de la Consellería de Medio Rural, servil con los mandatos de Arias Cañete en detrimento de los intereses de Galicia, y falaz al afirmar que la aplicación de la PAC en el Estado recoge en esencia todo lo que en Galicia se había consensuado con las organizaciones agrarias".
COAG ve que se ha buscado el acuerdo político que favorecer al profesional
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el acuerdo "mantiene una foto fija" y atiende más a "cheques regionales" que a los agricultores. En un comunicado, ha asegurado que "Ministerio y Comunidades Autónomas han priorizado el mantenimiento del ‘status quo’, consolidando las ayudas a los ‘agricultores de sofá’, en detrimento del modelo social y profesional de agricultura", ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
Según Blanco, esta reforma "mira más al pasado que al futuro", con una definición de agricultor activo "insuficiente para medir el grado de profesionalidad, aunque se haya aumentado al 20% de los ingresos agrarios".
Tras alcanzar el acuerdo, el ministro ha apuntado que no se considerarán agricultores activos aquellos cuyas ayudas directas de la PAC sean superiores en un 80 % a sus ingresos agrarios. COAG cree insuficiente este porcentaje de ingresos que, en su opinión, "deja la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas de la PAC".
Por otro lado, según COAG, este acuerdo deja fuera a "miles de agricultores profesionales de frutas, hortalizas y viñedo, un total de millón de hectáreas". Para los sectores ganaderos, ha demandado un aumento de los controles de registros ganaderos para comprobar que la dimensión de la explotación está acorde con las hectáreas de pastos asociadas.
UGAMA, disconforme con los pagos acoplados y la defición de agricultor activo
UGAMA -Unión de Uniones de Madrid- considera que la futura PAC "no corrige los defectos del pasado al no centrar las ayudas en los agricultores y ganaderos verdaderamente activos" y considera "extremadamente bajo el porcentaje del 20% de ingresos procedentes de la actividad agraria, que recoge la definición de agricultor activo. Esta medida va dirigida sobre todo a sacar del sistema a aquellos que actualmente cobran la ayuda pero que no realizan realmente una actividad agraria", asegura en un comunicado.
En lo que se refiere a los pagos acoplados, ayudas destinadas a los sectores con un mayor riesgo de reducción de su producción o incluso de abandono con importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales, UGAMA proponía que se utilizará el 15% del sobre nacional, es decir, lo máximo permitido por la UE, y se atendiera a sectores más perjudicados como son los ganaderos con ó sin una base territorial.
“El modelo de Regionalización del pago básico va a ser como jugar a la lotería” ha expresado Alfredo Berrocal, responsable económico de UGAMA, que “hasta que el Ministerio no de más detalles relativos a las comarcas y tipos de superficie que integrarán cada una de las regiones, no podremos conocer si vamos a ganar o perder con esta reforma de la PAC.”
Por otra parte, esta Organización valora positivamente el aumento del 10,87% de los fondos europeos para el desarrollo rural conseguido por la Comunidad de Madrid, con una asignación de 76,5 millones de euros por parte del FEADER para el Programa de Desarrollo rural para el periodo 2014-2020. UGAMA confía en que la Consejería haya evaluado las consecuencias que pueda tener el hecho de que la Conferencia Sectorial haya aprobado que el Ministerio participará en el 30 % (y no en 50% como viene siendo hasta ahora) en la cofinanciación con la que el Estado Español habrá de responder a esos 76,5 millones de euros de recursos comunitarios, lo que implicará necesariamente un mayor esfuerzo presupuestario de la Comunidad Autónoma para que no se pierdan fondos europeos, como ya ha ocurrido en este ejercicio pasado.
UPA lo consdiera una "oportunidad perdida"
“Una nueva oportunidad perdida”. Así han calificado desde la organización agraria UPA los acuerdos alcanzados ayer entre Gobierno y Comunidades Autónomas para la aplicación en España de la nueva PAC.
“Es la primera vez que Europa nos deja un margen tan amplio para adaptar la Política Agraria Común, y las Administraciones se están repartiendo los fondos como si fueran cromos”, lamentan desde UPA.
Asimismo, cree que "los agricultores han rechazado que los fondos destinados a ayudas acopladas se queden en el 12,08% -lejos del 15% prometido anteriormente-, que no se establezca un techo de ayudas por explotación y que la regionalización que determinará cuánta ayuda percibe cada productor se fundamente sólo en 22 regiones para toda España y todos los sectores", lo que en opinión de UPA generará grandes transferencias de fondos entre los perceptores.
La organización agraria reconoce “ciertos avances” en la definición de qué es un agricultor activo y qué actividad mínima debe demostrar. “De lo que se trata es de que las ayudas las reciban los auténticos agricultores y ganaderos y no los especuladores. Parece que han escuchado nuestro clamor”, declaran desde UPA. Ahora, los beneficiarios de ayudas PAC deberán demostrar que el 20% de sus ingresos agrarios provienen de la venta de sus productos.
El modelo acordado supone la creación de 22-24 regiones. Para UPA, “solo se han preocupado de limitar las transferencias entre comarcas, pero no de las que se van a producir entre agricultores de una misma comarca”. UPA cree que este modelo se ha diseñado para evitar la “bronca” entre Comunidades Autónomas por la previsible transferencia de fondos, trasladando el problema a los agricultores y ganaderos de los diferentes sectores de actividad.