Asimimso, ha alertado de la crítica situación en la que se quedarán las zonas rurales que viven de las explotaciones forestales o de la gestión de residuos, que sirven de combustible a la biomasa, tal y como señalan Lorena López y Luis Esteller en eleconomista.es.
En concreto, la biomasa sufrirá un recorte del 39 por ciento en sus ingresos. Los nuevos estándares se limitan a separar esta tecnología por años y fija un coste medio que no tiene que ver con la realidad ni con las cifras del propio Gobierno en sus promociones de las renovables.
Asimimso, consideran que tampoco tiene en cuenta que la biomasa tiene que utilizar combustible. Y es por eso que las movilizaciones ya van más allá del sector eléctrico. La ganadería, en epecial la del sector porcino, también se está viendo muy afectada, ya que la reforma está abocando al cierre a las plantas de tratamiento de purines y pone en serio peligro las explotaciones de porcino españolas.
Según el asesor de Adap, Jorge Tinas, el Gobierno pone en grave riesgo la continuidad de más de 3.000 instalaciones de porcino que gestionan sus excendentes en las 29 plantas de tratamiento e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos.
La cogeneración, asediada por los impuestos a la producción de electricidad e hidrocarburos, la eliminación de complementos y, ahora, la aparición del borrador de tipologías de retribución se ha visto abocada ya a parar 1800 MW en doce meses y considera que se puede incrementar. Este sector, junto a la eólica, ha sido uno de los grandes perjudicados.
Soria ha logrado lo que nadie pudo: unir la sector
Toda esta situción viene porque el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha conseguido unir a eléctricas y renovables en un frente común contra la reforma energética. Atrás quedan el todos contra todos para ahora unirse y entonar prácticamente al unísono que el Gobierno no ha calibrado bien las consecuencias que pueden tener los recortes aplicados desde 2012, por más de 10.000 millones, para corregir el déficit de tarifa.
De un lado y de otro, las compañías e inversores están dispuestos a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias y han anunciado una batalla legal para defender sus intereses y los de sus accionistas. Reclamaciones patrimoniales, recursos de comunidades autónomas, arbitrajes internacionales… La artillería legal tan sólo está a la espera de las liquidaciones definitivas de los últimos ejercicios (que realiza la CNMC) para poder acudir en estampida a los tribunales.
Las eléctricas ya han recurrido las últimas órdenes de tarifa, como la de agosto donde se contemplaba que no habría déficit. Las previsiones finalmente fallaron por el incumplimiento por parte del Ejecutivo a la hora de dotar al sector eléctrico de recursos públicos.
Entre las medidas que llevarán a los tribunales destacan el fuerte recorte aplicado a la retribución de la distribución por más de 1.500 millones y la retirada de primas para los parques eólicos más antiguos y que afecta de lleno a Iberdrola, Acciona, Gas Natural, Enel y EDP.
(Foto Lunga Revenga. http://www.abc.es)