UAGA subraya que el acceso a este tipo de ayudas exige unos mayores costes para el agricultor (tanto de pertenencia a entidades de certificación, como de costes de producción) y que es para compensar esos costes por lo que se instauran las ayudas.
Sin embargo, a pesar de que los costes se siguen manteniendo, las ayudas se han reducido, con lo que, a juicio de UAGA, "se vulnera el principio de confianza legítima de agricultores y ganaderos en la acción administrativa" puesto que la administración no ha previsto suficiente partida presupuestaria para asumir todas las obligaciones ofertadas.
Los agricultores consideran que al haber cumplido con todas las exigencias normativas impuestas, la Administración también debe cumplir con su parte en el procedimiento y consignar las partidas económicas necesarias, ya que en caso contrario el profesional se encuentra en una "absoluta indefensión".
Respecto a las ayudas por ICB, la organización recuerda que son un instrumento "fundamental" para contribuir al uso continuado de las tierras de interés agrario, a la conservación del campo, al mantenimiento e impulso de sistemas agrícolas sostenibles respetuosos con el medio ambiente y al mantenimiento de la población rural.
UAGA subraya asimismo que las medidas agroambientales son "las únicas" que compensan al sector de la labor medioambiental que realiza, en beneficio del medio ambiente, del paisaje y de toda la sociedad y se tendrían que seguir manteniendo con un nivel de apoyo del 100 %.
Por este motivo exige al Departamento de Agricultura que admita los recursos y acuerde el pago de la totalidad de las ayudas solicitadas por los agricultores y ganaderos.