EFE.- En la sesión plenaria de la Eurocámara celebrada en Estrasburgo, una amplia mayoría dio así su respaldo a la posición que llevará el Parlamento a las negociaciones que, sobre la PAC para el periodo 2014-2020, arrancarán en las próximas semanas con los Gobiernos comunitarios y la Comisión Europea (CE).

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el pleno del PE ha apostado por la defensa de una nueva PAC "más verde y equilibrada en el reparto de sus ayudas" y que "permite extender hasta 2020 el sistema de cuotas de producción para el azúcar, en las negociaciones".

No obstante, y "a pesar de la satisfacción por el hecho de que nuestro país siga siendo considerado como receptor neto", Fitag-UGT considera que "en la PAC se ha ignorado el factor del empleo como elemento dinamizador en el mundo rural, y especialmente el de los trabajadores del campo por cuenta ajena".

A su juicio, desde una perspectiva más social, la PAC debería haber planteado que los pagos -tanto directos como indirectos- tendrían que vincularse al empleo, a la formación, a la calidad alimentaria y a la seguridad y salud de los trabajadores.

Según la misma fuente, el presupuesto aprobado para 2014-2020 es un 9,5 % inferior al del periodo anterior, 373.179 millones de euros, cantidad "insuficiente para los ambiciosos objetivos del sector" y que se hará sentir más "en la parte social de la PAC".

La PAC debería dar prioridad a la prevalencia del empleo de calidad y estable, "siendo los trabajadores y trabajadoras los instrumentos de cohesión para asentar el sector agrario en el mundo rural", ha añadido.

Según Fitag-UGT, es imprescindible que la PAC recoja la formación de los trabajadores agrarios, para que puedan estar preparados para futuras exigencias de la sociedad, como la productividad, la calidad alimentaria, la seguridad y sanidad animal, etc.

A su juicio, "una PAC con un fuerte componente social los pagos deberían estar vinculados, no a las hectáreas de terreno, sino al empleo que generen las mismas".

Por ello, la Federación exigirá al Gobierno español que cumpla con los sindicatos en cuanto a empleo estable, formación, calidad alimentaria y seguridad y salud de los trabajadores, preceptos que deberán estar "recogidos de forma explícita en la futura PAC".

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