Un agricultor español recibe un 69% menos de ayudas de la PAC que un francés o un alemán

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    Esta diferencia estriba en el perfil del perceptor de ayudas. Aunque en nuestro país hay más de 900.000 perceptores, los datos de la Seguridad Social, Encuesta de Población Activa y Fondo de Garantía Agraria (FEGA) nos dicen que no hay más de 350.000 agricultores profesionales.

   “Este hecho perjudica a los agricultores y ganaderos profesionales de nuestro país porque las ayudas se diluyen derivándose de forma indiscriminada a quienes no tienen la agricultura como actividad preferente. Nuestros profesionales se encuentran en inferioridad de condiciones frente a los de otros países comunitarios. Llevamos años reivindicando una priorización de las ayudas PAC a los agricultores profesionales, aquellos que trabajan de forma directa y personal en la explotación, generan empleo en el medio rural y productos alimentos de forma sostenible”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

Por un  modelo social, profesional y productivo

    Ante estos datos, COAG  pide al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que, en el decisivo proceso de negociación que se inicia en Luxemburgo, defienda una reforma PAC que apoye un modelo social, profesional y productivo de agricultura.

    Para ello, estiman esencial que "ser agricultor activo sea el requisito necesario para tener acceso al nuevo sistema de ayudas directas, de forma que aquéllos que no alcancen esta consideración no puedan hacer la solicitud de ayuda. En cuanto a la definición concreta, COAG aboga porque sea aquel que responda a la definición actual de profesional (al menos el 25% de los ingresos totales deben provenir de la actividad agraria ejercida en la propia explotación)".

    COAG entiende también prioritaria la aplicación de una regionalización basada en criterios agronómicos, económicos, sociales y productivos en la aplicación del Régimen de Pago Básico (tasa plana) en España y en referencia al denominado “greening” (pago adicional con fines medioambientales que podría suponer el 30% del total de ayudas), COAG pide "que los condicionantes verdes no obliguen al abandono de tierras productivas ni supongan descensos de rentas en los productores".

Defensa de la remolacha, la leche y los derechos de plantación

   De igual forma defiende el mantenimiento a medio y largo plazo del sistema de cuotas de producción en remolacha azucarera y leche y los derechos de plantación de viñedo, así como que "es prioritario que España tenga la posibilidad de utilizar el mayor porcentaje posible de pagos voluntarios acoplados (15% del sobre nacional)".

    En su decálago, consideran que  se debe articular medidas para aquellos ganaderos con escasa base territorial asociada "que pueden verse seriamente perjudicados en la aplicación del Régimen de Pago Básico. El nuevo sistema de ayudas no está pensado para ellos, al referenciar  número de hectáreas y no cabezas de ganado", así como que en desarrollo rural, "será imprescindible fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo ante el envejecimiento y masculinización del sector. Se deben potenciar las medidas agrarias de desarrollo rural, garantizando la aportación de Estado y CC.AA para que no se pierdan recursos comunitarios".