Eso a pesar de que la Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OMG establece que "los Estados miembros crearán registros con objeto de anotar la localización de OMG cultivados con objeto, entre otras cosas, de que los posibles efectos de dichos OMG sobre el medio ambiente puedan ser objeto de seguimiento".
"En España la información proporcionada por el Gobierno no permite realizar un control de los posibles efectos de los OMG",ha precisado la parlamentaria.
Según datos del Gobierno, en España se cultivaron el pasado año más de 100.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente.