Añade que este nuevo sistema ya contó con el rechazo de UPA-UCE por la pérdida patrimonial que supone la desaparición de los derechos de plantación, la imposibilidad de la transferencia de las autorizaciones entre viticultores y el escaso período de validez de dichas autorizaciones (3 años).

     Esto significa que las viñas que sean arrancadas a partir del 1 de enero de 2016 ya no generarán derechos de plantación, sino autorizaciones administrativas que si el titular no las utiliza en un plazo máximo de tres años, las perdería el agricultor y la Comunidad Autónoma.

     Recuerda que a partir del 1 de enero de 2016 las autorizaciones se podrán obtener de tres formas diferentes: por conversión de los derechos de plantación, por nueva plantación y por arranque de una plantación previa.

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