La UPA-UCE, tras conocer el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura a la instrucción judicial sobre el contenido, el alcance los procedimientos y la forma en que de acuerdo con las normas que lo regulan deben prestarse los servicios de asesoramiento; se muestra más convencida que nunca de que la organización y sus dirigentes “actuaron correctamente en todo momento y, por tanto, no se ha producido la comisión de ningún delito”, además de denunciar “graves errores en la instrucción policial”.

Para la organización, el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura valida, en su opinión, “íntegramente los trabajos realizados por UPA-UCE así como el procedimiento seguido por la organización para prestarlos, lo que marca un punto de inflexión determinante en la instrucción del caso y debe producir, como primera consecuencia inmediata, la puesta en libertad de Ignacio Huertas y Maxi Alcón”, según señalan en un comunicado.

Algunos párrafos de dicho informe son, según UPA-UCE, altamente esclarecedores: “Los controles administrativos se han realizado sobre el cien por cien de las solicitudes de ayuda, presentadas al inicio, y sobre todas las solicitudes de liquidación que han sido presentadas cada año de los años 2013, 2014 y 2015”. Para a continuación añadir como resultado del Plan de Controles que “del total de la muestra correspondiente, se realizó una selección aleatoria del 25% de las solicitudes de ayuda aprobadas[…] Como consecuencia de los 893 controles sobre el terreno realizados a beneficiarios en el periodo 2013-2015, asesorados por todas las entidades, no ha sido revocada ninguna solicitud”.

UPA-UCE denuncia que ha detectado graves errores en la instrucción policial desarrollada por la Guardia Civil

La conclusión para UPA-UCE es obvia: “Aparece como probado que el servicio se prestó correctamente y por tanto, sin perjuicio ni perjudicados, no hay delito”.

Por otra parte, UPA-UCE ha detectado graves errores en la instrucción policial desarrollada por la Guardia Civil, como es basarse, entre otras, en la declaración de un agricultor que sostuvo que UPA-UCE no le había prestado el servicio de asesoramiento. Según la organización, “efectivamente dicho agricultor, de igual nombre y apellidos que otro de su misma localidad, no recibió el asesoramiento por parte de UPA-UCE porque su entidad de asesoramiento no era UPA-UCE sino otra. De haber identificado correctamente al agricultor asesorado por UPA-UCE, la declaración que habría obtenido la Guardia Civil habría sido la de haber recibido íntegra, correcta y satisfactoriamente dicho servicio”.

Los hechos, según reiteran en su comunicado, “hacen que en estos momentos la libertad de Huertas y Alcón sea ya un clamor, tanto a la vista de la situación de la instrucción como de mera aplicación humanitaria de la justicia”.

Hay que recordar que en la noche de Reyes y tras pasar todas las fechas navideñas en prisión, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón cumplieron ya dos meses de prisión preventiva, medida que nuestro ordenamiento jurídico califica como muy excepcional. Durante este tiempo, ellos y sus familiares han estado sometidos a un estricto régimen de visitas y ni siquiera han disfrutado del beneficio, que sí han obtenido otros presos que cumplen privación de libertad por condenas firmes, de un permiso para pasar con sus esposas, hijos y familiares alguna de las señaladas fechas de las pasadas fiestas.

UPA-UCE, por todo ello, se hace eco del clamor con que miles de agricultores y ganaderos, pero también ya buena parte de la sociedad extremeña, pide la inmediata puesta en libertad de sus máximos dirigentes, que ven la adopción de esta medida “no como una medida de gracia, sino como una medida judicial pertinente, convencidos todos, de que si bien la justicia es ciega, o precisamente por serlo, ha de tener en consideración las nuevas circunstancias y el sufrimiento ya infringido”.

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