UPA-UCE muestra en el Parlamento extremeño su rechazo a la Ley Agraria

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      UPA-UCE también lamenta que los principales problemas de los agricultores y ganaderos extremeños no aparezcan en esta ley: “No se habla de los bajos precios que percibimos los productores ni de los abusos de la industria y la distribución, tampoco de la falta de financiación del sector, del relevo generacional, la situación de las mujeres rurales o la definición de un modelo de explotación prioritario, que UPA-UCE establecería en la explotación familiar y profesional, la mayoritaria en la región”.

    Huertas también ha criticado en su intervención que la Ley no contenga una memoria económica que dé credibilidad a la promesa de dedicar el 25% del presupuesto regional al sector, por lo que tilda este anuncio de “electoralista” y se pregunta: “No queremos que nos engañen, si los fondos que llegan de Bruselas desaparecieran ¿estaría dispuesto el Gobierno de Extremadura a cubrir ese presupuesto con fondos propios? Está claro que no”. Para el secretario general de UPA-UCE “si el Gobierno de José Antonio Monago apostase realmente por el sector agrario no seguirían recortadas las partidas de seguros agrarios, la sanidad animal y vegetal o los fondos para la vertebración del sector”. 

Elecciones transparentes y devolución del patrimonio a los representantes agrarios

    Sobre las elecciones al campo, Huertas ha señalado la “falta de transparencia y de garantías democráticas” que caracteriza al proceso propuesto por la Consejería de Agricultura extremeña: “Queremos elecciones, no consultas; y ésta es una ley de encuestas”. Por ello, desde UPA-UCE plantean una ley de elecciones agrarias como la que ha regido los anteriores procesos electorales celebrados en Extremadura; o similar a la legislación vigente en  Madrid, Castilla y León o Cataluña; que han llevado a los agricultores y ganaderos de esas regiones a procesos transparentes y con plenas garantías democráticas.

    En este sentido, UPA-UCE recuerda que “es urgente devolver el patrimonio de los agricultores y ganaderos a sus representantes legítimos, las organizaciones profesionales agrarias, ya que aún está en manos del Ejecutivo regional a pesar haberse celebrado dos procesos de elecciones al campo en Extremadura, situación que también contrasta con la de otras Comunidades Autónomas”.