EFE.- El secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, compareció ayer martes ante el Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, órgano donde se encuentra el anteproyecto para la elaboración del dictamen correspondiente.
Huertas expresó su rechazo al procedimiento que ha seguido la Consejería de Agricultura, puesto que los plazos planteados para la tramitación son «escasos», con lo que no permite a los agentes sociales trabajar en profundidad una ley «extensa y compleja».
Ha señalado que la ley «no entra a resolver los principales problemas del sector» como la financiación y la formación de los agricultores y ganaderos para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
Tampoco -dice- aparece la creación de una medida específica, con financiación propia para la compra de tierras en la región, que ayudaría a redimensionar las explotaciones agrarias en Extremadura, así como medidas para promover la modernización del sector o para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
El anteproyecto pretende reformar la normativa que regula los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario; así como los relacionados con el desarrollo rural (regadíos, caminos, vías pecuarias) y con las actuaciones públicas en explotaciones agrícolas (incluida la normativa sobre montes); además de derogar once leyes.
Para Huertas, un proyecto así necesita un intenso trabajo de análisis, consulta y negociación con los representantes del sector, que no se ha producido «con el tiempo y el rigor necesarios».
Otro asunto que reivindicó Huertas en su comparecencia es el hecho de que la nueva ley debería incorporar y adaptar todo el desarrollo normativo que actualmente está pendiente de publicarse sobre la reforma de la PAC 2014-2020.
«Igualmente habría que incorporar los cambios que se produzcan constantemente en las regulaciones de Bruselas y Madrid, lo que supondría modificarla con mucha frecuencia, y restaría eficacia a la misma», apuntan desde la organización agraria.
En este sentido, opina que es una redundancia que las regulaciones existentes aparezcan nuevamente en el texto legislativo extremeño, ya que están vigentes en el ámbito normativo estatal y europeo y por tanto son «de obligado cumplimiento».
Por otro lado, según UPA-UCE este anteproyecto trata por igual leyes que requieren una actualización urgente para adaptarlas a la nueva normativa comunitaria y otras que no son prioritarias y necesitarían un debate más profundo.
Por eso, considera que la norma no nace del consenso del sector, sino que «la administración ha elaborado un texto cerrado de antemano a cualquier cambio estructural y de calado que pueda proponerse», a diferencia de otras Comunidades Autónomas.
Por último, ha lamentado que el anteproyecto no contenga una memoria económica detallada que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen, más allá del compromiso de destinar el 25% del importe total de los presupuestos regionales para los sectores agroganadero, agroalimentario y medio rural; lo que califica de «anuncio electoralista» para los próximos comicios.
Así, ha criticado que el Ejecutivo de José Antonio Monago «sigue manteniendo recortes muy importantes en políticas fundamentales que antes se sustentaban con fondos propios», como los seguros agrarios, las medidas en torno a la calidad y sanidad animal y vegetal, o la apuesta por la vertebración del sector.
La nueva ley también incluye el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que UPA-UCE Extremadura «rechaza frontalmente» y para la que no ha habido «ningún contacto».
La Junta, ha añadido, plantea una «copia» de la ley nacional, que cuenta con el «rechazo absoluto» de las organizaciones agrarias, del conjunto de partidos políticos salvo PP, y que alberga «serias dudas sobre su constitucionalidad», por la falta de seguridad jurídica y transparencia en la consulta y configuración del censo.
A este respecto, ha apostado por unas elecciones democráticas y con garantías jurídicas que emanen de la ley electoral.
«Hay que facilitar la participación y para eso hay que poner mesas de votación en todos los pueblos, en las que tengan derecho a voto los verdaderos profesionales del sector agrario, los agricultores y ganaderos inscritos en la Seguridad Social en su condición de autónomos por la actividad agraria», ha aseverado.