Valencia creará un grupo específico de la Policía de la Generalitat para la seguridad rural

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    Castellano ha calificado la reunión de "muy intensa y positiva" porque se ha hecho un diagnóstico transversal de la problemática, repasando desde la trazabilidad del producto hasta el mapa de cultivos. En este sentido, se han tratado aspectos como potenciar las juntas locales de seguridad, así como los consejos agrarios municipales, la importancia de la implantación a nivel autonómico de la Guia conduce, facilitar a los agricultores las denuncias a través de sistemas telemáticos, o los cambios en el Código Penal en cuanto a las penas y a la multireincidencia, entre otras cuestiones.

    En este sentido ha asegurado que la Generalitat no es ajena a la preocupación de la inseguridad en los campos valencianos. Por ello ha recordado que hemos estado reclamando la necesidad de una policía preventiva con más vigilancia y presencia policial en el campo.

    Precisamente por ello Castellano ha anunciado que la llegada de más efectivos a la Policía de la Generalitat permite que el Consell cree de forma inmediata un grupo específico de seguridad en el ámbito Rural (SAR) de la Policía de la Generalitat.

    Se trata de un grupo inicial de 60 agentes cordinados por un inspector y tres subinspectores, a razón de uno por provincia para coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales.

   El conseller ha explicado que la Generalitat también ha puesto a disposición del Ministerio y la Delegación del Gobierno el Instituto de Seguridad Pública y Emergencias, IVASPE para incidir en esa especialización y coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de seguridad rural para no infrautilizar ningún recurso.

    En esta misma línea, Serafín Castellano ha recordado que la Generalitat puso en marcha un plan de choque en noviembre de 2010 con la participación de la Policía de la Generalitat en colaboración con las policías locales y las FCSE para supervisar y controlar la trazabilidad del producto con unos resultados muy positivos: 229 municipios patrullados, 9152 personas identificadas, 23.980 vehículos controlados, 142 actas de denuncias, 32 detenidos, 32 almacenes inspeccionados y más de 600 controles en otros y más de 50.000 toneladas de productos hortofrutícolas inspeccionados.

LA UNIÓ habla de 20 millones y de cambios en el Código Penal

    Por su parte, LA UNIÓ de Llauradors ha apostado  entre otras cosas por modificar el Código Penal para que se contemplen las casuísticas de los robos en las zonas rurales, ampliar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado allí, pero también por optimizar los medios existentes o crear nuevos en nuestro territorio como es el caso de la policía rural. Según LA UNIÓ el valor de lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros el pasado año y este año se detecta un aumento de los mismos respecto a las mismas fechas del anterior que podría cifrarse en un 25% más.

    Estas y otras medidas las ha trasladado el secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, en el transcurso de la reunión mantenida en Valencia para analizar la situación de los robos con el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar; el conseller de Gobernación, Serafín Castellano y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

   LA UNIÓ cree que existen medidas para mitigar los efectos de los robos y, sobretodo, prevenir estos actos delictivos que concreta en tres grandes ejes: reforma del Código Penal, presión policial a los ladrones y control y seguimiento de los delitos.

   En la modificación del Código Penal el limite de 400 € de valor de lo hurtado para ser considerado como delito debería rebajarse hasta los 100 €, considerar como importe de lo hurtado/robado no sólo el bien sustraído sino el valor del daño provocado para conseguir ese bien. En el caso de hurtos/robos cometidos por varias personas LA UNIÓ formula que el valor de lo hurtado/robado no se divida entre estas personas y que este valor sea el mismo para cada uno de los delincuentes. Y ante los casos de reincidencia de un delincuente, el valor de lo hurtado/robado debería ser acumulativo.

    La reforma del Código Penal se sitúa en el ámbito estatal, junto a la demanda de un mayor número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dedicados a la vigilancia en las zonas rurales.

    Pero LA UNIÓ propone la creación de un cuerpo de policía rural en aquellos municipios mayores de de 5.000 habitantes o una policía rural mancomunada para aquellas poblaciones con menos de 5.000 habitantes. En este sentido Ramón Mampel indica que “los cambios en el Código Penal están muy bien pero si no intimidamos y cogemos a los ladrones no servirán para nada, por eso paralelamente hay que establecer actuaciones en clave autonómica como la policía rural. Hoy por ejemplo hemos conocido que el policía rural de Daimús (la Safor) ha interceptado en tres meses quince vehículos con cítricos robados y en las dos últimas semanas ha impedido el robo de más de 5.000 kg de naranjas.

    LA UNIÓ también pide la constitución y funcionamiento periódico de las Juntas de Seguridad Rural local, provincial y autonómica; y que los Ayuntamientos y/o Juzgados de Paz tengan la capacidad de registrar las denuncias para después, trasladarlas a la Comandancia de la Guardia Civil. Todas estas actuaciones facilitarían la incentivación de la cultura de la denuncia al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas rurales. Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas, con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia.

    Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales para LA UNIÓ es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.