Valoraciones: los satisfechos, de forma moderada; el resto lo ven todo negro

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    La primera en salir a la palestra, ha sido ASAJA, quien por medio de su presidente nacional, Pedro Barato, ha manifestado su satisfacción por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), acordada por las instituciones de la Unión Europea, porque el resultado es "beneficioso" para el campo español.

ASAJA cree que se han mejorado las posturas de salida


  
Barato ha afirmado que en conjunto la reforma es positiva, además de reconocer los avances conseguidos en la negociación frente a las propuestas iniciales de Bruselas para la futura PAC, que comenzó a negociarse hace dos años. "Partíamos de donde partíamos y hemos llegado a donde hemos llegado, se han mejorado las propuestas", ha señalado, concretando que la propuesta de reforma incluía cuestiones "perjudiciales" que se han mejorado.

    Respecto a las exigencias medioambientales para recibir una parte de las ayudas (conocidas como "greening" o reverdecimiento de las subvenciones), un punto central de la reforma, Barato ha explicado que hubieran sido muy negativas para cultivos leñosos y, finalmente, estas producciones quedarán exentas. No tendrán que cumplir tales requisitos cultivos como el olivar, los frutos secos, los frutas o el arroz.

    Por otro lado, Asaja ha valorado el resultado final en las medidas sobre la "modulación" (recorte de ayudas a los grandes perceptores de subsidios a partir de una cantidad) frente a los proyectos iniciales para rebajar esos apoyos, que "hubieran supuesto muchos enredos". El acuerdo de la reforma fija que esa modulación se aplicará a los productores que perciban ayudas de más de 150.000 euros.

    La reforma, según Barato, va a permitir que muchos sectores agrarios vean el futuro con "más realismo", como por ejemplo, el del las frutas o el del viñedo, porque en este último caso los derechos de plantación, que limitan el cultivo de vid, se van a mantener "durante un período más amplio".

    En cuanto a la "convergencia" de las ayudas, Barato ha destacado que habrá un "colchón de seguridad", pues según el acuerdo se aplicará cuando las explotaciones no sufran pérdidas del 30 %, lo que según el Gobierno supone que se ponga en marcha en casos muy excepcionales.

     También ha resaltado que se establezcan regiones agronómicas para determinar el reparto de ayudas y, en este sentido, dentro de una "política agraria nacional", ha considerado que "se pueden dar soluciones" para conseguir una aplicación adecuada de la nueva reglamentación.

Para Cooperativas, positiva pero poco ambiciosa


   En la misma línea,
el director general de Cooperativas Agroalimentarias, Eduardo Baamonde, ha manifestado que es positiva en aspectos como las ayudas, pero "poco ambiciosa" en medidas de mercado para dar más poder al productor frente a distribución o industria.

    Baamonde ha declarado que, "desde el punto de vista de las ayudas" y de la "convergencia interna" entre los pagos a los productores, España ha hecho "un buen trabajo" en la reforma que las instituciones de la Unión Europea (UE) han pactado hoy. A su juicio, el Gobierno español "ha neutralizado propuestas nocivas que hubieran hecho muchísimo daño" a los productores, como la de una "tarifa plana" en las ayudas.

    Ha destacado también mejoras en el capítulo de desarrollo rural respecto a las propuestas de la Comisión Europea, porque la reforma prevé la posibilidad de un plan en ese ámbito de carácter nacional que potenciará programas "supraautonómicos". Este aspecto, ha añadido, engarza con la Ley de integración cooperativa que se está tramitando en España actualmente.

    Sin embargo, Baamonde ha apuntado que existe incertidumbre en el capítulo de la organización común de mercados agrícolas y que echa en falta medidas para reequilibrar el poder de negociación del productor frente a otros actores de la cadena alimentaria. Entre ellas, se ha referido a instrumentos que hubieran permitido a las organizaciones de productores y a sus interprofesionales "autorregularse" sin "colisionar" con las leyes de la Competencia.

     También ha criticado que la PAC solamente permita regular la oferta en caso de crisis y no de forma "preventiva", que a su juicio evitaría situaciones de crisis para las que luego no hay fondos. Por otra parte, ha considerado que los países nórdicos y la CE han sido "cicateros" respecto a los volúmenes máximos para la constitución de organizaciones de productores. "Dependiendo de cada instrumento nuestro balance es positivo, como en las ayudas", o por el contrario, creemos que es poco ambiciosa en las medidas de mercado.

    En cuanto a la aplicación nacional de la PAC y la distribución de los fondos entre Gobierno y comunidades autónomas, ha pedido que se haga de forma que no haya "distorsiones".

Según COAG, desde un punto de vista profesional queda "peor" que la anterior


   En el lado opuesto se ha mostrado COAG, quien
por medio de su secretario general, Miguel Blanco, ha hecho un "balance negativo" de la reforma porque será "muy lesiva" para los "intereses de los profesionales del campo español". Blanco ha declarado que la reforma acordada "no se justifica" desde el punto de vista del profesional de la agricultura, porque le deja en una situación peor que en la revisión anterior de la PAC.

    Según COAG, el presupuesto para la PAC se va a reducir un 12% y en 2014 ya se va a aplicar una "disciplina financiera" que implicará una rebaja del 5% de fondos. Blanco ha criticado que se "desmantelen" medidas de intervención, se supriman las cuotas lácteas y que a partir de 2017 desaparezca el régimen de cupos que regulan la producción azucarera, porque a su juicio si se acaban "el sector remolachero no se va a mantener".

    COAG ha rechazado, también, que la UE no haya logrado una definición de "agricultor activo", algo que corresponderá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. En este sentido, Blanco ha señalado que en España hay 900.000 perceptores de ayudas agrícolas y 340.000 cotizantes, ante lo que ha mostrado su desacuerdo, porque "diluye" el objetivo de esos apoyos y no propicia un modelo "sostenible".

    Ha lamentado que la UE "se haya cargado" la propuesta que hizo la Comisión Europea (CE) para reducir o modular las ayudas que perciben los grandes beneficiarios; según el acuerdo, habrá modulación para los productores que obtengan más de 150.000 euros en apoyos y con deducciones más limitadas que las previstas inicialmente.

    El responsable de COAG ha cuestionado los argumentos del Gobierno por los que la negociación ha sido un éxito, porque ha habido "avances" respecto a las propuestas iniciales de Bruselas, pero a juicio de Blanco "no han mejorado las cosas". No obstante, ha valorado que la UE haya sido más flexible al acordar la convergencia o igualación de ayudas entre los agricultores de todos los países, pues el proyecto inicial de "tasa plana era desastroso", si bien habrá que esperar a la distribución entre comunidades autónomas.

    Sin embargo, según Blanco, se continuarán concediendo las ayudas por hectárea y la ganadería sin suelo "se queda sin apoyos" y será "la gran perdedora. En esencia, todo sigue igual, las ayudas indiscriminadas injustamente repartidas", ha añadido.

    Ha admitido que los apoyos a los jóvenes son positivos, pero ha advertido de que es "fácil disparar con pólvora de rey", porque salen de otras partidas presupuestarias previstas para los agricultores, puesto que no han aumentado las ayudas.

    En cuanto a las exigencias ecológicas impuestas por la UE para el cobro de una parte de las ayudas, ha argumentado que son "un mero escaparate" para tratar de justificar algo que "ya es legítimo", como las ayudas a los agricultores.

UPA cree que "aún queda mucho por resolver"


    El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, ha manifestado que "aún queda mucho por resolver" en España entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la reforma de la PAC. El responsable de UPA ha admitido que en el resultado de las negociaciones de la PAC ha habido "avances importantes respecto a las propuestas iniciales, en cuestiones como el reparto de las ayudas, pero "aún hay que leer la letra pequeña".

    Sin embargo, ha apuntado que en esta reforma "se ha perdido una oportunidad" para establecer mecanismos que estabilicen los mercados y permitan al agricultor obtener mejores remuneraciones por sus productos.

    Dentro de los avances, ha subrayado que el acuerdo final sobre "convergencia" de las ayudas plantea menos problemas que los proyectos iniciales, que "hubieran tirado por tierra a profesionales" En concreto, ha valorado que la reforma establezca que a la hora de igualar los apoyos ningún agricultor pierda más del 30% del pago que recibe en la actualidad.

    Sin embargo, ha apuntado que la nueva PAC permitirá a España plantear una regionalización con 40 zonas diferentes, en la distribución de las ayudas, y habrá que ver cómo se efectúa ese reparto.

   En cuanto al pago por hectárea, Ramos ha opinado que deberían entrar en ese régimen sectores que dan empleo, como las frutas y hortalizas, y que ahora se quedan fuera, en lugar de explotaciones que ahora tienen derecho a ayuda y no tienen actividad. "Debemos estar vigilantes para que el presupuesto vaya a quienes lo necesiten", según Ramos.

    Ha considerado que el Gobierno "vende como un éxito la reforma de golpe y porrazo, pero aún queda mucho por definir".