También fue objeto de debate la movilidad de tierras para mejorar la viabilidad de las explotaciones con un incremento de superficie para producir alimento para el ganado y que las haga menos dependientes de los mercados internacionales de piensos.
Fernández Couto informó de que se había avanzado en el estudio del borrador de la futura ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, que se sumará a las en vigor sobre movilidad de tierras y de montes, para conformar entre las tres "un auténtico código rural".
Por parte de las organizaciones agrarias han estado presentes representantes de Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego Galego.
Para el portavoz de Xóvenes Agricultores, Francisco Bello, se está "trabajando en la línea correcta", pero demandó, como sus colegas del SLG y UUAA, el empleo de parámetros objetivos y constatables para establecer los costes de producción.
Tanto Bello como Isabel Vilalba (SLG) y Roberto García (UUAA) denunciaron el "fraude de ley" que suponen los contratos que las industrias están ofreciendo a los productores, ya que se presentan para tres meses, cuando la obligación legal es de un año.
García señaló que "no hay un solo contrato, de los más de 10.000 firmados en vigor que cumpla lo que marca la ley".
Vilalba subrayó que en los contratos se está manifestando "una posición de dominio y abuso por parte de la industria, por lo que demandó, además del establecimiento de los costes como base del precio, que un arbitraje por parte de la administración sea "determinante" en la relación contractual.
Para la movilidad de tierras, los sindicalistas proponen que, además, se diferencien los tipos impositivo para gravar las tierras en que hubiese actuado la administración y se encuentren abandonadas, así como otras "en plan positivo", para facilitar los arrendamientos y permutas.
En cuanto a la propuesta consensuada con la Xunta sobre costes y precios, que García calificó de "piedra angular", el secretario de UUAA expresó su preocupación porque el Ministerio de Economía pueda utilizar el Tribunal de la Competencia para "cuestionar" este apartado de la futura ley sobre la cadena alimentaria.
"De nada nos valdría que el ministro de Agricultura haga de poli bueno diciendo que está de acuerdo con lo que le proponemos y fuese el ministro de Economía el que, a través del Tribunal de la Competencia, evitara que entre en la Ley", por lo que demandó que intervenga la vicepresidencia del Gobierno, como coordinadora de los departamentos ministeriales.
Finalmente, advirtió del "vacío legal" que se producirá en los próximos meses, hasta julio, porque en ese periodo no estará en vigor la ley, ni estarán constituidas las organizaciones de productores lácteos.
En cuanto a los precios tras el acuerdo de diciembre con la Xunta, que dio lugar a la desconvocatoria de la huelga de entregas iniciada, el propio director general señaló que no se incluían los de noviembre, que ya había concluido, ni los de diciembre, que estaba muy avanzado, y los de enero no se conocen todavía.
Sobre estos precios del primer mes del año, podría haberse constatado un ligero repunte, hasta los 31/32 céntimos, pero aún por debajo del coste de producción, señalaron los sindicalistas.