El Pleno del Senado ha respaldado este miércoles 7 el proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas -tramitado por la vía de urgencia-, que se remite ahora al Congreso, que debe dar ahora su visto bueno definitivo.

El texto, al que se habían presentado hasta cien enmiendas, ha contado con cuatro transaccionales, entre ellas una que hace mención a la exención del IBI a los afectados para los años 2017 y 2018.

A una larga votación del Senado por separado del gran número de enmiendas presentadas, se sumó la que concierne al bloque del proyecto de ley enmendado en la última Comisión -con 142 votos a favor, 3 en contra y 107 abstenciones-, y una última sobre el resto del proyecto de ley, que contó con 224 a favor, cinco en contra y 23 abstenciones.

Desde el Grupo Popular, Asunción Sánchez ha subrayado que el problema de escasez afecta al país en su conjunto y se necesitan soluciones aunque «España está preparada» para luchar contra sequías por la buena planificación hidrológica de Gobierno y autonomías.

«No cabe más que sentarse a trabajar codo con codo para lograr un futuro pacto nacional por el agua más allá de cuestiones de partido, basado en el principio de solidaridad entre territorio», ha dicho.

Ha valorado medidas de la futura ley como exenciones de pagos y cuotas a la Seguridad Social, seguros agrarios o ayudas de la Política Agraria Común, movilizándose recursos que combinan apoyos a infraestructuras y distribución del agua con los que se refieren a iniciativas específicas para los sectores más afectados, así como las planteadas sobre desalinización o uso de aguas residuales.

Para la oposición, las medidas se quedan cortas y piden que se introduzcan más ayudas para el sector

Por su parte, el senador socialista Graciliano Palomo ha indicado que su partido presentó 14 enmiendas al proyecto de ley remitido desde el Congreso, donde ya habían introducido otras 18; cuatro de ellas transaccionadas, y que quedan otras 10 «que siguen vivas».

Junto a la rebaja del IBI, el PSOE ha defendido exenciones de los gastos fijos del trasvase Tajo-Segura para 2017 y 2018 (medida que rechazó el PP por contradecir la normativa vigente), moratoria de pagos de cuotas a la Seguridad Social a todos los damnificados, el mantenimiento de créditos ICO hasta diciembre de 2018 o la reducción del IVA del suministro eléctrico al regadío (10 %).

Además, ha destacado, la sequía se ha convertido en un problema «estructural», tras remarcar las aportaciones del PSOE al texto, con un plan de apoyo a la desalación y uno nacional de reutilización o la creación de bancos públicos de agua en cada cuenca.

Margarita Quetglas (GPPOD) ha defendido una batería de enmiendas para luchar contra los «efectos perversos» de la sequía.

A su juicio, el proyecto votado en el Senado en el Pleno de hoy «no es lo que nuestro país necesita», por lo que espera que cuando el proyecto vuelva al Congreso, la oposición pueda incluir mejoras.

Desde Compromis, Jordi Navarrete ha abogado desde el Senado por «un gran pacto nacional por el agua» y «no parches», tras recordar que su partido presentó 13 enmiendas, que fueron rechazadas excepto una.

Para María Teresa Rivero (GPN), el proyecto «no da respuesta completa» al problema, por lo que ha defendido 14 enmiendas para ampliar el ámbito territorial y el marco temporal de las ayudas.

Rosario Santos, del Partido Aragonés en el Senado, ha defendido enmiendas para evitar que productores de esta Comunidad se vean excluidos de las medidas de apoyo y ha reclamado al PP más información sobre la propuesta de crear un «fondo o banco público del agua», al albergar dudas de que pueda materializarse en futuros trasvases.

Miguel Aubà (GPER) cree que la ley «se queda corta» en sus medidas, al ser «puntual para 2017 y 2018», y defendió 16 enmiendas, entre ellas una que hace referencia al alto coste de la energía para los regantes, empresas agrarias, cooperativas y almazaras y la necesidad de que el Gobierno actúe en su ayuda.

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