La asociación agraria Asaja Extremadura confía en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) suspenda, como medida cautelar, las elecciones al campo, previstas para el 12 de marzo, al entender que la Junta “incumple” la Ley Agraria y “ha excluido a 900 trabajadores del censo”.

Según ha explicado el presidente de Asaja, Ángel García Blanco, en Extremadura hay, según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, 14.057 autónomos en la agricultura.

Sin embargo, el censo provisional elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y del Territorio acoge a 13.157 personas, “lo que arroja un saldo de 900 excluidos”.

La organización agraria insiste en la “grave manipulación” del censo electoral provisional

Según García Blanco, “con estas elecciones se evita que voten muchos profesionales del campo y generadores de empleo agrario así como sociedades mercantiles”, por lo que están convencidos de que se adoptarán medidas cautelares.

También podría ocurrir que si el procedimiento judicial sigue adelante, “se dé la situación de que se celebren elecciones y el tribunal tenga que anularlas posteriormente”.

Así, según se desprende de la solicitud de medidas cautelares, Asaja ha insistido en que “se cumpla lo que establece la Ley Agraria: que los votantes sean los que aparezcan en los listados de la Seguridad Social; y que el censo se publique en la página web institucional de la Consejería”.

“No nos negamos a que haya elecciones, pero queremos que sean libres”, ha insistido García Blanco, que ha subrayado la “grave manipulación” del censo electoral provisional, que sólo da derecho a votar a 13.157 agricultores de los más de 58.000 que existen en la región.

Además, según García Blanco, de las 152 solicitudes que han solicitado su incorporación al censo para poder votar en la cita con las unas del 12 de marzo a la Consejería, “142 son de Asaja. 142 personas jurídicas de las que solo hemos querido pagar cinco certificados de registro mercantil”.

Según García Blanco, para poder inscribirte en el censo, si eres persona jurídica, tienes que tener este certificado, que cuesta 30 euros; “y no hemos querido abonar”.

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