El Gobierno de Castilla-La Mancha ha estimado que la deuda con la comunidad autónoma por el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura asciende a 106 millones de euros desde que en el año 1986 el Gobierno central acordó compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura.

Así lo ha puesto de manifiesto el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes regionales para informar sobre la deuda histórica con la comunidad autónoma en materia de agua, inversiones en infraestructuras hídricas y actuaciones realizadas por la Agencia del Agua.

Unos cálculos que, como ha dicho, se han estado aplicando incorrectamente al menos hasta el año 2016 inclusive, en concreto a la parte de la tarifa que corresponde a la amortización del coste de las obras, pues el cálculo se realiza a partir de los volúmenes concesionales o potenciales, pero la liquidación se practica con los volúmenes realmente consumidos por los usuarios. “Esto conlleva que las tres regiones que deben ser compensadas por el ATS, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, percibimos anualmente una cantidad muy inferior a la que nos correspondería de aplicarse de forma correcta la Ley 52/80 de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura”.

Según Antonio Luengo, “esta es la cuestión clave del error sobre el que llevamos trabajando desde esta región e insistiendo a la Comisión del ATS para que se haga correctamente, por el gran perjuicio económico que supone”. Pues, como ha explicado, para Castilla-La Mancha, a la que corresponde 4/9 partes de esta recaudación, sólo poniendo como ejemplo el caso del usuario ‘Riesgos del sudeste con aguas trasvasadas’, la tarifa aplicada al volumen potencial sería de 6,4 millones de euros, mientras que la tarifa aplicada al volumen consumido ha sido de 1,6 millones de euros. “Esa diferencia de 4,7 millones de euros en la recaudación, supone una pérdida sólo para nuestra región y en el caso de este usuario de 2,13 millones de euros”, ha enfatizado.

Luengo ha explicado que el trasvase, una infraestructura de 292 kilómetros que entró en funcionamiento en 1979, está dividido en tramos y es aprovechado a lo largo de su recorrido por distintos usuarios a los que se ha asignado “un volumen potencial” en base a tres conceptos: obras, gastos fijos y gastos variables.

Si bien, ha añadido que a los regantes -fundamentalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats)- se le aplican las tarifas en función a los volúmenes realmente consumidos, lo que, según el director de la Agencia del Agua, significa que Castilla-La Mancha “está perdiendo”.

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